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Reformas en fast track, técnica recurrente en el Congreso de la Unión
Indistintamente del partido político en que milita quien ocupa la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión aprueba el grueso de las reformas constitucionales y secundarias de gran calado que propone sin analizarlas a fondo.
Foto: Especial
Indistintamente del partido político en que milita quien ocupa la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión aprueba el grueso de las reformas constitucionales y secundarias de gran calado que propone sin analizarlas a fondo.
En las cámaras de Senadores y de Diputados la discusión exhaustiva que requiere la confección de leyes por parte de los legisladores federales no es la regla.
El contrapeso, la división entre el poder Legislativo y el Ejecutivo federal, goce o no el presidente de México de turno de mayoría legislativa en el Congreso mexicano, es inexistente.
El Ejecutivo dispone y el Legislativo acata.
Así ha sido la tradición; las enmiendas promovidas por el presidente de la República pasan la aduana del Congreso federal y las legislaturas locales sin mayores complicaciones.
Sucedió en el último cuarto de siglo, durante los mandatos de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del Partido Acción Nacional (PAN); de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y al menos durante la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En cada uno de los cuatro casos fueron aprobadas por senadores y diputados federales más de 70% de sus propuestas.
De las 166, 132, 124 y 70 iniciativas de cambios constitucionales y reglamentarios presentadas ante el Congreso de la Unión por Fox (1/12/2000—30/11/2006), Calderón (1/12/2006—30/11/2012), Peña Nieto (1/12/2012—30/11/2018) y López Obrador (1/12/2018—25/06/2023), el Congreso aprobó 74.70, 79.55, 79.84 y 74.29%, respectivamente.
Las cifras indican que la promoción de propuestas presidenciales ha ido a la baja.
Estructurales
Durante los primeros 20 meses de la administración peñanietista, incluyendo el periodo de transición del gobierno en que PRI y PAN pactaron la aprobación urgente de la reforma estructural a la Ley Federal del Trabajo para modernizar el empleo mediante la creación de nuevas formas de contratación de personal y disminuir la duración de los juicios laborales, cuya iniciativa fue presentada por Calderón mediante la figura de preferente para agilizar su trámite legislativo, el Congreso de la Unión aprobó 11 reformas estructurales o integrales.
Además de dicha enmienda, la primera de carácter estructural endosada a Peña Nieto, promulgada por Calderón el 29 de noviembre de 2012 y publicada al día siguiente, el último que ocupó el cargo de presidente de México, en el lapso referido se concretaron las reformas energética, en materia de competencia económica, de telecomunicaciones y radiodifusión, educativa, política-electoral, de transparencia, hacendaria, financiera, nueva Ley de Amparo y Código Nacional de Procedimientos Penales.
El famoso Pacto por México, acuerdo político firmado por los dirigentes del PRI, PAN y PRD, las principales fuerzas políticas del país, y el expresidente Peña Nieto el primer día de su mandato allanó aún más la aprobación de las llamadas reformas estructurales por la vía rápida o fast track, que es habitual en el Congreso mexicano.
Contención
La reforma a los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución para echar abajo la reforma estructural en materia educativa aprobada durante el mandato de Peña Nieto, fue la primera iniciativa de gran calado promovida por el presidente López Obrador. Presentó su iniciativa al Congreso el 13 de diciembre de 2018 y cinco meses después, el 15 de mayo de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Después de los comicios federales intermedios de 2021, la oposición del PAN, PRI, MC y PRD conformó el autodenominado bloque de contención para oponerse específicamente y de manera deliberada a toda reforma de carácter constitucional promovida por López Obrador.
La oposición cumplió su amenaza en la Cámara de Diputados al rechazar el pasado 6 de diciembre, por no alcanzarse la mayoría calificada de votos equivalente a dos tercios, los cambios a la Carta Magna en materia electoral propuestos por el presidente.
AMLO y su partido optaron por la aprobación, ese mismo día, del llamado “plan B” en materia electoral que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de declarar su invalidez por vicios de inconstitucionalidad durante el proceso legislativo.