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Política

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SCJN declara la invalidez de la primera parte del "plan B" de reforma electoral

De acuerdo con la propuesta de sentencia, el cúmulo de irregularidades y violaciones a los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado en que se incurrió durante el procedimiento legislativo que culminó con la aprobación del decreto impugnado, conlleva una afectación sustancial a los valores centrales de la dimensión deliberativa de la democracia representativa.

Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este lunes 8 de mayo. Foto EE: Especial / Captura de video

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del decreto recién aprobado que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyos cambios integran la primera parte del llamado “plan B” en materia electoral, por considerar que el Congreso de la Unión incurrió durante su aprobación en graves violaciones al proceso legislativo establecido.

“La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del Decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, cita la sentencia aprobada por nueve votos y dos en contra.

Votaron a favor del proyecto confeccionado por Alberto Pérez Dayán: 

  • Margarita Ríos Farjat
  • Juan Luis González Alcántara
  • Luis María Aguilar
  • Arturo Zaldívar
  • Alfredo Gutiérrez
  • Jorge Pardo
  • Javier Laynez
  • Norma Piña

Las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra del proyecto.

Las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra de la propuesta al estimar que no se violó el proceso legislativo.

“Al resultar fundado el concepto de invalidez relativo a la violación al procedimiento legislativo, lo procedente es declarar la invalidez total del Decreto impugnado, por lo que resulta innecesario emprender el estudio de los restantes conceptos de invalidez”, precisa también el fallo por el que se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD) y la minoría parlamentaria de diputados federales y senadores de esas mismas fuerzas políticas, demandando la invalidez de los cambios aprobados por el poder Legislativo, cuyo decreto fue promulgado el 27 de diciembre de 2022.

“Caerán reformascomo fichas de dominó”

Entrevistados para El Economista, los constitucionalistas Jaime Cárdenas Gracia, Alberto del Castillo del Valle y César Astudillo Reyes coincidieron, por separado, en que la resolución de la Corte augura que también será declarada la invalidez de la segunda parte del “plan B” electoral, así como de la veintena de reformas a distintas leyes aprobadas por la vía rápida en las cámaras de Diputados y de Senadores en la recta final del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión que concluyó en abril pasado.

Va a correr la misma suerte (la segunda parte del ‘plan B’ electoral) porque creo que hubo, además, otro tipo de violaciones”, dijo Cárdenas Gracia.

Del Castillo del Valle anticipó que, si los ministros aprecian las mismas violaciones y efectos, “que los hubo desde luego”, no sólo se podrán invalidar las reformas de la segunda parte del “plan B”.

“No solamente este conjunto de leyes, sino también las que se acaban de aprobar recientemente, el paquete de 20 leyes que en menos de un santiamén fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y luego también en un desaseo legislativo por la Cámara de Senadores, deben correr la misma suerte”.

Para Astudillo Reyes, “visto que el ponente del paquete (electoral) que viene va a ser el ministro (Javier) Laynez”, quien ayer “dio argumentos también muy sólidos en contra de la forma como se procesó el decreto” resuelto, eso “permite augurar que va a proponer algo similar y si la Corte es consistente tendría también que declarar la inconstitucionalidad por vicios en el proceso legislativo de la otra parte del ‘plan B’.

“Pero, incluso, visto lo que pasó el viernes pasado, el llamado ‘viernes negro’, donde sí hay vulneraciones (...) Así es que, como fichas de dominó, las tres reformas a tantas leyes se van a caer una tras otra por los mismos vicios”.

Ley del Congreso

Cárdenas Gracia consideró necesario reformar la Ley Orgánica del Congreso y los reglamentos de las cámaras para pormenorizar el trámite parlamentario, estableciendo, por ejemplo, responsabilidades administrativas, penales o políticas a los legisladores que no lo respeten.

“Hay que obligar a que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales revisen sus procedimientos”, precisó Cárdenas Gracia.

Astudillo Reyes dijo que lo procedente a la luz de la resolución de la Corte no es hacer más leyes sino respetar las que existen.

Acusa Segob a Corte de no respetar “voluntad popular”

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López aseguró que se pondrá en marcha un “plan C”, luego de que este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la primera parte de la reforma electoral llamada “plan B”.

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) acusó a los nueve ministros que votaron a favor de no respetar la voluntad democrática popular.

“El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares (…) No hay de otra: Plan C en las urnas”.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el “plan C” consiste en llamar a no votar por la oposición en los comicios que estén por venir.

Oposición celebra

El presidente del PAN, Marko Cortés, celebró la decisión de los ministros de la Corte, pues con ella quedó demostrado que el poder Judicial es independiente y “un contrapeso real al Poder Ejecutivo”.

El líder panista aseguró que “Morena utilizó trampas y recurrió a violaciones, tanto constitucionales como del proceso legislativo, con tal de aprobar el capricho presidencial”.

Por su parte, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, calificó la decisión de la Corte como una “fiesta para la democracia mexicana” con lo que refrendó su autonomía como Poder del Estado.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas celebró el fallo y señaló que “defender nuestra democracia y la buena práctica legislativa es prioridad para el buen rumbo del país”. (Redacción y J. Monroy)

De la aprobación a la invalidez

  • La madrugada del 7 de diciembre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el “plan B” de reforma electoral con la modificación de 5 leyes electorales y una en materia de comunicación social.
  • Durante el jueves 15 de diciembre, el Senado aprobó en lo general y lo particular el paquete de reformas, sin la “cláusula de vida eterna”.
  • Al no contar con la mayoría necesaria para convocar a periodo extraordinario, quedaron congeladas dichas reformas, a excepción de las modificaciones en materia de comunicación social que conformaron la primera parte del “plan B”.
  • El pasado 27 de diciembre de 2022, entró en vigor la primera parte del denominado “plan B” con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
  • El decreto reformó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa en materia de propaganda gubernamental.
  • El 21 de abril de 2023, la SCJN admitió la primera demanda presentada por el bloque opositor (PAN, PRI, PRD y MC) contra la primera parte.
  • El 26 de abril de 2023, la Segunda Sala de SCJN determinó mantener la suspensión durante las elecciones en el Edomex y Coahuila.
  • El 2 de mayo, el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán propuso invalidar la primera parte del “plan B”. 
  • Este lunes, el pleno de la SCJN anuló el primer paquete de reformas. Los argumentos fueron que las leyes modificadas por el Congreso violaron el proceso legislativo y se transgredió el principio democrático.

rolando.ramos@eleconomista.mx

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