SCJN discute caso de magisterio en Oaxaca

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron el debate sobre si existieron violaciones graves a derechos humanos en Oaxaca durante el conflicto magisterial que inició en 2006.

El proyecto presentado por el ministro Mariano Azuela ante el pleno, considera que sí hubo violaciones a garantías individuales durante los hechos que se prolongaron hasta enero de 2007, principalmente, por la falta de cuerpos profesionales de seguridad pública.

Mencionó que en esos operativos debe señalarse como involucrados al entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva y actual diputado federal, Ardelio Vargas, y a mandos de corporaciones federales y estatales.

Ineficiencia del gobierno

Mientras integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se manifestaban fuera de la SCJN, Azuela Güitrón sostuvo que esas violaciones se dieron ante la falta de Estado de derecho durante varios meses.

Dijo que ante la ineficiencia de las autoridades locales, se registraron violaciones a las libertades de tránsito, de acceso a la justicia, de trabajo, de expresión, educación, pensamiento y a los derechos a la integridad personal, a la vida, a la propiedad y a la paz.

Ulises, con mucha culpa

Al ponente le siguió en turno el ministro Genaro Góngora Pimentel quien sostuvo que el gobierno federal no utilizó los causes institucionales para solucionar el conflicto y señaló que la responsabilidad del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, "no es atenuada".

Añadió que el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Medina-Mora, también debe ser considerado como involucrado.

Góngora Pimental manifestó su acuerdo con el proyecto, respecto a que sí existieron violaciones graves a derechos humanos, incluida la suspensión de las actividades escolares, "lo que resulta trágico en un estado donde la solución de los problemas debería iniciar por la educación".

Acusó que las detenciones de los hermanos Flavio, Horacio e Ignacio Sosa Villavicencio en el Distrito Federal fueron arbitrarias, no obstante que en la Secretaría de Gobernación se llevaban a cabo negociaciones con los líderes para solucionar el problema, lo que provocó desconfianza entre los interlocutores.

Demasiado tiempo

El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo indicó que no se pueden olvidar los abusos de las autoridades contra los manifestantes, pero tampoco "las lesiones a derechos humanos ejecutados por civiles contra otros civiles y contra funcionarios públicos".

Resaltó que el fondo del problema en Oaxaca no es el uso de la fuerza pública, sino el prolongado tiempo en que hubo violaciones a derechos humanos, lo cual generó "un estado de abandono, donde la ley fue la del más fuerte", lo que derivó en "amplísimos daños colaterales".

"El Estado falló a todas luces a su responsabilidad de brindar seguridad pública; prácticamente parecía que no había Estado", aseveró Gudiño Pelayo.

En una de las últimas intervenciones, Sergio Aguirre Anguiano consideró que el conflicto magisterial se debió "más a la molestia de algunos dirigentes sociales y políticos" que deseaban mantener prebendas, cuyo origen son las partidas presupuestales.

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