Segob interpone juicio político contra el juez federal de Tamaulipas, Crescencio Contreras

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, por supuestamente favorecer a integrantes del crimen organizado.

Durante su visita a San Lázaro, en el marco de su participación en la Reunión Plenaria de las y los diputados federales de Morena, la secretaria de Estado informó que presentó, por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, una denuncia de Juicio Político en contra del juez Crescencio Contreras Martínez, con el fin de que la Cámara de Diputados analice su posible destitución del cargo.

“Lo anterior a efecto de que dicha soberanía analice y, en su caso, presente acusación al Senado de la República para proceder con su destitución por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas”, señaló la secretaría en redes sociales.

De acuerdo con la denuncia, el Gobierno federal tiene conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez “que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”.

Por ello, a través de esta denuncia que fue entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, se informó a las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

En este sentido, se argumentó que existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público.

Además, la Secretaría de Gobernación (Segob) sostuvo que hubo, de parte del juzgador Contreras Martínez, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces.

Por tanto, se pidió a la Cámara de Diputados que, a través de un juicio político, investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución.

La secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, detalló que en los próximos tres días, la Segob deberá ratificar esta denuncia para que pueda ser remitida a la subcomisión de Examen Previo, para que analice el expediente y en caso de proceder, realice el dictamen correspondiente.