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Senado alcanzó a votar ley de delitos electorales
La legislación prevé mayores penas para manejo ilegal de recursos en elecciones, así como para la injerencia o coacción en los sufragios.
El Senado cerró el periodo ordinario de sesiones con la aprobación de la ley general en materia de delitos electorales, que prevé de cinco a 15 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 días de salario mínimo 67,000 y 336,000 pesos para quienes realicen, destinen, utilicen o reciban aportaciones de dinero o en especie en favor de algún candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito.
La legislación, que es parte de la reforma político-electoral y que tuvo los acuerdos para votarse en el pleno del Senado, destaca que la pena aumentará hasta en una mitad cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.
El dictamen, aprobado por unanimidad con 103 votos a favor, destaca que las conductas penadas se basan en las experiencias de los últimos procesos electorales, tanto federales como locales, por lo que estipulan castigos para ciudadanos, candidatos, políticos, funcionarios públicos y hasta ministros de culto que incurran en algún delito.
Con la legislación, que fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y votación, se penarían delitos como la compra y coacción de votos, el turismo electoral, el condicionamiento de programas sociales, la alteración de votos o boletas, la falsificación de facturas de gastos de campaña o la intimidación que se le cause a un votante. Los representantes de los partidos o candidatos que compren los votos o alteren facturas de los gastos de campaña serán castigados con cárcel de dos a seis años y multas de 100 a 200 días de salario.
A quienes coaccionen, induzcan o amenacen a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas o condicionen los programas gubernamentales se les impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años. La pena aumentará en un tercio cuando los programas condicionados sean de corte social.
Además, los senadores avalaron prisión de tres a siete años para quien altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza relativos al Registro Federal de Electores, al Padrón Electoral o al Listado de Electores.