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Senado aprueba reforma sobre indulto
El pleno del Senado envió a la Cámara de Diputados una reforma que faculta al Congreso solicitar al Presidente dar el indulto por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal.
El Senado de la República aprobó la reforma al Código Penal Federal en materia de indulto, lo cual permitirá a las personas sentenciadas conseguir su libertad si fue violado el debido proceso, como es el caso del profesor indígena tzotzil Alberto Patishtán, acusado por el homicidio de siete policías.
Por unanimidad, con 77 votos en favor, el pleno del Senado aprobó la reforma que crea una modalidad específica del indulto para que el Ejecutivo federal, por sí o a petición de una de las Cámaras del Congreso de la Unión, pueda otorgar el indulto cuando exista evidencia de que se violaron los derechos humanos del sentenciado.
Esta figura no solamente es plenamente consistente con la figura del indulto, sino también con la evolución de la protección y garantías de los derechos humanos en nuestro país , refirió el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil.
El legislador panista explicó que todo surgió por el caso del profesor chiapaneco Alberto Pathistán, quien al ser acusado no solamente careció de traductor, sino que hubo contradicciones claras en los testimonios que fueron ofrecidos ante el órgano jurisdiccional.
Además, dijo, se le imputó que un cuaderno con estrategias para jugadas de básquetbol era una especie de bosquejo de una emboscada para asesinar a policías. El maestro y activista fue condenado a 60 años de prisión y lleva 13 en la cárcel.
La reforma adiciona el artículo 97 Bis al Código Penal Federal para que, de manera excepcional, el titular del Poder Ejecutivo federal pueda conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común.
Lo anterior previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, en los casos en los que se hayan violado los derechos humanos de la persona sentenciada .
Precisa que el Ejecutivo federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.
tania.rosas@eleconomista.mx