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Senado revisará figura de testigos protegidos
Se consideró necesario que el Congreso de la Unión reabra el debate respecto a la reforma judicial, específicamente sobre las figuras de arraigo y testigo protegido.
La liberación de 12 exfuncionarios de Michoacán por parte de la PGR fue determinante para que el Senado de la República acordara ayer por unanimidad someter a revisión las figuras de arraigo y testigo protegido que aprobó el Congreso en el 2008 dentro de la reforma de justicia penal.
En conferencia de prensa, los senadores Carlos Sotelo y Silvano Aureoles (PRD); Luis Alberto Coppopla Joffroy (PAN) y Ramiro Hernández (PRI), quienes integraron un grupo especial que dio seguimiento a la detención, por parte de la PGR, de funcionarios y presidentes municipales de Michoacán en junio del 2009, acusados de proteger al cártel de La Familia demandaron al gobierno federal ofrecer una disculpa pública a los 12 funcionarios liberados el pasado fin de semana por no encontrárseles culpabilidad de vínculos con la delincuencia organizada.
Los senadores además demandaron al gobierno federal liberar a otros 20 funcionarios que aún siguen detenidos, dado que todos los exfuncionarios detenidos fueron acusados con las mismas pruebas y declaraciones de los mismo testigos colaboradores. El resto de los funcionarios que aún permanecen en prisión debe ser puestos en libertad por falta de elementos en su contra , expusieron.
Asimismo, demandaron al gobierno limpiar la imagen de los exfuncionarios que ya fueron liberados.
En ese marco, informaron que ese grupo determinó que es necesario que el Congreso de la Unión reabra el debate respecto a la reforma judicial, específicamente sobre las figuras de arraigo y testigo protegido, para determinar con precisión sus alcances y su validez procesal, a efecto de que no violenten las garantías individuales fundamentales y los derechos humanos, como ha sucedido en este caso del llamado michoacanazo de junio pasado. Y es que los legisladores consideran que estas dos figuras jurídicas podrían haber sido utilizadas por el gobierno con fines políticos.
El grupo plural del Senado manifiesta que el gobierno federal tiene la obligación de ofrecer una disculpa pública y, en su caso, proceder a la reparación del daño para los exfuncionarios que han sido y sean puestos en libertad por ser inocentes de la acusación de que fueron objeto , establece el acuerdo planteado por los legisladores del PAN, PRI, PRD, Verde Ecologista, PT y Convergencia.
jmonroy@eleconomista.com.mx