Sigue pendiente una nueva ley del servicio profesional

A casi 15 años de operación del Servicio Profesional de Carrera (SPC), de los 1 millón 302,399 servidores públicos del gobierno federal, sólo 26,103 forman parte del esquema de profesionalización que pretende evitar que los lazos de amistad o familiar sean factores para obtener una plaza o cubrir una vacante.

A nueve meses del cambio en la Administración Pública Federal, la Auditoría Superior de la Federación alertó que “la falta de servidores públicos profesionales (...) limita la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios oportunos y de calidad”.

La Auditoría refirió que la problemática que enfrenta el Servicio Profesional de Carrera es la insuficiente coordinación de los diferentes actores que intervienen en la instrumentación del SPC; deficiencias en el ingreso y ascenso; y una limitada capacitación de los funcionarios.

“Sus efectos específicos son la falta de continuidad de las políticas públicas en los procesos de dicho servicio; ineficiencia en la prestación de bienes y servicios a la sociedad, así como el incumplimiento de los objetivos y metas”, refirió.

Cabe destacar que en noviembre del 2012, previo a iniciar el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el Congreso aprobó modificaciones a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para que el nuevo gobierno pudiera disponer de plazas de alto mando (1,213 plazas de directores generales y 2,409 directores generales adjuntos), sin que fueran sujeto de designación por concurso.

Lo anterior permitió al actual gobierno disponer de ese número de plazas para nombrar a mandos de su confianza, sin que hubiera injerencias de los anteriores gobiernos panistas.

Van por una nueva legislación

En su tercer informe de fiscalización a la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación explicó que la Secretaría de la Función Pública llevó a cabo mesas de trabajo para la elaboración de un proyecto de nueva ley que tiene como objetivo cuidar la profesionalización de los servidores públicos.

Sin embargo, informó que el proyecto se encuentra en revisión de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal desde el 8 de agosto del 2017, para que éste se incorpore en los temas legislativos del presidente de la República.

En su informe, la Auditoría refirió que el Registro Único del Servicio Público contabiliza 1 millón 302,399 servidores públicos del gobierno federal, de los cuales 33,308 son servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada y, de estos últimos, 26,103 son servidores públicos adscritos al Servicio Profesional de Carrera.

La Auditoría Superior informó que del 2011 al 2016 se presentaron 394 quejas ante los Órganos Internos de Control (OIC) de las dependencias federales, por parte de personas que participaron en los concursos de ingreso, así como por servidores públicos que observaron presuntas irregularidades respecto de la operación del Servicio Profesional de Carrera.

“En (el) 2016 se presentaron 60 quejas, de las cuales 29 están en archivo por falta de elementos; dos fueron turnadas al responsable correspondiente; dos son improcedentes, y 27 continúan en trámite de atención”, refirió.

SUSPENDEN A 468 SERVIDORES PÚBLICOS

La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la suspensión “de manera precautoria” de 468 servidores públicos en 30 entidades del país, por cometer —presuntas— irregularidades en el programa de adultos mayores del gobierno federal.

La dependencia federal indicó que la suspensión de los servidores públicos se dio después de los resultados que arrojó la auditoría número 01/2016 que se inició hace dos años y en la cual se auditó el ejercicio del programa con respecto del año 2015.

“Se acreditó que los promotores sancionados plasmaron sus huellas dactilares en los lectores biométricos utilizados en el enrolamiento y en la comprobación de la supervivencia de algunos beneficiarios del programa”, comunicó la SFP mediante una nota de prensa.

La instancia a cargo de Arely Gómez González añadió que a través del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social dio vista a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría, la cual presentó una denuncia ante la PGR.

Se precisó que esta Procuraduría ya ha iniciado las investigaciones sobre los promotores suspendidos, con el objetivo de deslindar responsabilidades.

No obstante, Función Pública omitió precisar a cuánto ascenderían los probables daños generados por los promotores sancionados.

En este contexto, cabe destacar que este lunes la dependencia dio a conocer, en una reunión privada, el proyecto del Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA) a los titulares de los OIC, además de comisarios y delegados de la Administración Pública Federal.

Este sistema formará parte de la Plataforma Digital Nacional que se debe de construir en el marco de la entrada en vigor de las nuevas leyes anticorrupción del país.

SIRA tiene el objetivo de sustituir al actual Sistema de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades y al Registro de Servidores Públicos Sancionados. (Con información de Héctor Molina)