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Silvano Aureoles va a la SCJN por militares en tareas de seguridad pública
El recurso legal de controversia constitucional 87/2020 fue presentado el pasado 12 de junio por parte del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo de Michoacán, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez.
Foto: Especial
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de controversia constitucional contra el decreto que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 11 de mayo para normar las actividades de soldados y marinos en tareas de seguridad pública hasta el 2024.
El recurso legal de controversia constitucional 87/2020 fue presentado el pasado 12 de junio por parte del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo de Michoacán, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez.
La Suprema Corte ordenó remitir el recurso a una de las ministras para que elabore proyecto. También instruyó sumar este recurso a la controversia constitucional que por el mismo tema presentó el presidente municipal de Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, el pasado 28 de mayo. Aún no hay una fecha exacta para que el pleno de la Corte analice estos recursos.
Distintas organizaciones sociales, académicos y políticos de oposición han manifestado su preocupación y rechazo al decreto presidencial del 11 de mayo, por considerar que se trata de un periodo más de militarización de la seguridad pública.
Organizaciones como Seguridad Sin Guerra; el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) y Causan en Común han cuestionado el acuerdo. María Elena Morera, presidenta de ésta última organización refirió que el decreto “refrenda la definición militarista de la seguridad pública del gobierno federal”.
Consideró que esta medida, lejos de dar un marco menos ambiguo a la actuación de las Fuerzas Armadas, y establecer una línea divisoria entre las fuerzas civiles y militares, es un propósito opuesto: “El gobierno federal refrenda, con toda claridad, que promueve un marco de actuación militar deliberadamente ambiguo, discrecional, sin controles y sin plazos”, expuso Morera.
Mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Fuerza Armada permanente participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública por un periodo máximo de cinco años, es decir, hasta el 26 de marzo del 2024.
De esa forma, los integrantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, participarán en tareas de seguridad pública, “sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto del 26 de marzo del 2019”.
Establece que la Fuerzas Armadas tendrán un papel complementario de la seguridad y su actuación se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1 de la Constitución, y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia.
Se instruyó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional.
“Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda”, precisó.