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Sin Fonden, gasto para la reconstrucción recae en estados
De aprobarse la iniciativa, los excedentes que resulten de la Ley de Ingresos ya no se deberán destinar, entre otros conceptos, a la atención de desastres naturales cuando el Fonden resulte insuficiente.
En caso de sismo y de que a consecuencia del mismo derive una situación de emergencia, las entidades federativas del país, municipios y alcaldías de la Ciudad de México pueden acceder hoy, previa declaratoria de desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob), a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) que, como tal, está en riesgo de desaparecer.
El pasado 20 de mayo, Dolores Padierna Luna propuso ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, un paquete de reformas a 14 leyes para extinguir 44 fideicomisos públicos y mantener la operación de recursos de cuatro fondos, entre otros el Fonden.
Dicho fondo es un instrumento financiero para proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia, y responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.
Se considera emergencia una situación anormal que puede causar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.
Los cambios en ciernes a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, modificarían el artículo 19 y derogarían el 37, y enmendarían el 9, respectivamente.
De aprobarse la iniciativa morenista, los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos ya no se deberán destinar, entre otros conceptos, a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres resulte insuficiente.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tampoco se incluirían, como ordena la ley vigente, las previsiones para el Fondo de Desastres y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, para constituir reservas y llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales.
Se eliminaría también el mandato que establece que las asignaciones presupuestales para dichos fondos, sumadas a las disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto, no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente a 0.4% del gasto programable.
La referida Ley de Disciplina Financiera ordenaría, además, que el Presupuesto de Egresos de las entidades federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales.
“El monto de dichos recursos deberá estar determinado por cada entidad federativa, el cual como mínimo deberá corresponder al 10% de la aportación realizada... para la reconstrucción de la infraestructura... dañada que, en promedio, se registre durante los últimos cinco ejercicios, actualizados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones para acceder a los recursos de los instrumentos financieros de atención de desastres naturales.
“Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco de las disposiciones que regulen los instrumentos financieros de atención de desastres naturales, como la contraparte de la entidad federativa a los programas de reconstrucción acordados con la Federación”, cita la redacción sugerida en la iniciativa.
Vía el Fonden, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, que afectaron 170,000 viviendas y ocasionaron la muerte de 471 personas en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México, el gobierno federal autorizó 29,694 millones 692,794 pesos para atender la emergencia.
Las nueve entidades federativas en situación de desastre por el fenómeno natural aportaron en conjunto, aquel año, 8,468 millones 651,000 pesos.