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Sin marco legal contra empresas criminales
El subprocurador indicó que el contagio de las actividades económicas ilícitas, con otras de carácter lícito, erosionan la actividad y la presencia económica de las empresas en el país.
El subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), José Medina Romero, dijo que se ha puesto como prioridad en la institución el combate a las empresas que se crean ex profeso para la comisión de delitos como el lavado de dinero, trata de personas, terrorismo e ilícitos de carácter ambiental.
Afirmó que son pocos estos casos pero no los daños provocados, por lo que incluso se trabaja con autoridades de EU en el tema.
El funcionario participó en una conferencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que se llevó a cabo en el Senado de la República, donde advirtió que el Grupo de Acción Financiera Internacional analiza las conductas ilícitas en el marco económico corporativo y empresarial.
Comentó que el contagio de las actividades económicas ilícitas, con otras de carácter lícito, erosionan la actividad y la presencia económica de las empresas en el país, por lo que es necesario reflexionar sobre si existen consideraciones suficientes para imputar a los entes económicos empresariales una responsabilidad de carácter penal, con independencia de la responsabilidad penal individual.
El presidente del Senado, Miguel Barbosa, declaró que este punto se podría discutir en la próxima Legislatura toda vez que ha provocado el interés de varios legisladores tras la aprobación de la reforma anticorrupción, además de que hay iniciativas al respecto.
Agregó que una persona jurídica que utiliza sus instrumentos sociales para cometer un delito recibe sanciones civiles o mercantiles, mientras que sus representantes una sanción penal personal.
Por ello, Arturo Zamora expresó que México no tiene un marco normativo para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que es necesario crear un andamiaje legal para sancionar conductas delictivas, como criminalidad económica, lavado de dinero, trata de personas, terrorismo y delitos ambientales.
Victoria García del Blanco, coordinadora de Máster en Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, recomendó delimitar el ámbito de aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para que no se queden fuera del catálogo de sanciones las violaciones a los derechos de los trabajadores, los ilícitos relacionados con accidentes laborales o el acoso sexual laboral.
Precisó que la norma penal debe ser clara y establecer reglas de control adecuadas para las empresas, para que en caso de que sus directivos o empleados cometan un delito, las personas jurídicas no tengan responsabilidad, incluso sugirió que las empresas tengan un mapa de peligros delincuenciales que se podrían cometer durante sus procesos de producción, lo que depende de sus actividades.