Sin responsables, a un año de Nochixtlán

A un año del enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y de la Policía Estatal de Oaxaca, con maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y pobladores de Asunción Nochixtlán; no hay sentencias por la muerte de ocho personas y persiste el llamado de organismos defensores, nacionales e internacionales para castigar a los culpables y hacer justicia.

El 19 de junio del 2016, el enfrentamiento tuvo lugar cuando los policías federales y estatales implementaron un operativo de desalojo contra manifestantes de la carretera Oaxaca-Cuacnopalan que mantenían tomada, la gresca dejó como saldo fallecidos y medio centenar de heridos, según el gobierno federal.

En el marco de este aniversario, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instan a las autoridades de procuración de justicia cimentar y concretar su actuación ante la ausencia de resultados de las investigaciones realizadas.

En un pronunciamiento conjunto, los organismos defensores reconocen dificultades de acceso al lugar de los hechos por falta de confianza expresada por la población; sin embargo, indican que ya debería haber avances en la identificación de fallas que ocasionaron los altos niveles de violencia, las órdenes emitidas en este sentido y las personas presuntamente responsables.

En febrero del año en curso, el Ministerio Público Federal informó sobre la suspensión de diligencias de investigación en el lugar de los hechos debido a que el Comité Ejecutivo de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca emitió una convocatoria a diversas organizaciones para acordonar el área y vigilar a las autoridades.

Toda vez que la práctica de actos de investigación debe materializarse en un contexto de seguridad, (...) y para evitar provocaciones y entornos que comprometan la integridad física del personal investigador, aunado al incumplimiento del acuerdo consistente en que las víctimas de lesiones presentarían sus denuncias a más tardar en este día, se suspende la realización de los actos de investigación programados para el día de mañana 21 de febrero del 2017 , comunicó en su momento la PGR.

Sobre la actuación de la PGR, la Comisión de Seguimiento a estos hechos, instalada en el Senado, aseguró en su informe final que la clara función de esta agencia de seguridad es que el caso no quede impune.

Ya en septiembre del 2016, al momento de presentar el documento, los legisladores integrantes de esta Comisión concluyeron a su vez que el domingo 19 de junio tanto la policía como la población civil de Nochixtlán recurrieron al uso de la violencia.

En tanto, el representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, destacó en el marco de su visita a una visita a Huitzo, Hacienda Blanca y Nochixtlán realizada este fin de semana de la mano de la CNDH, que el castigo a los culpables y las lecciones aprendidas, son dimensiones de importancia para la justicia.

El Estado nunca gana en credibilidad y confianza cuando hay un uso excesivo de la fuerza, el Estado sí gana con respeto y credibilidad cuando el uso de la fuerza es profesional, que sigue los estándares internacionales y que nuestra oficina, junto con la CNDH y con la Defensoría de Oaxaca, está dispuesta a ayudar también en lo sistemático , sugirió.

Antes, la Procuraduría General de la República (PGR) había informado que mantiene abiertas seis carpetas de investigación, además de que 13 personas continúan detenidas.

Además de que en las investigaciones han participado 104 elementos de la Delegación Regional de la PGR, quienes han realizado un total de 211 diligencias en el lugar de los hechos, y han levantado 941 entrevistas entre testigos, involucrados y afectados.

Aunque el día de los hechos fueron detenidas 26 personas, la PGR informó que a la fecha sólo 13 de ellas continúan en prisión al haberse acreditado, por parte de un juez, su participación en los hechos.

Por su parte, el subprocurador de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, informó de las ocho personas que fallecieron, una murió por manipular explosivos, mientras que en seis casos se trabaja para identificar a los culpables.

En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, informó que ha destinado 4.3 millones de pesos para atender las necesidades médicas, de alimentación y hospedaje de 52 personas heridas, así como los gastos funerarios de los las fallecidos. (Con información de Jorge Monroy)