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Solo desvíos por más de 10 mdp serán atraídos por la SFP
La Secretaría de la Función Pública estipuló en sus nuevas reglas que todos los casos de malversación de recursos a la autoridad por menos de 10 millones de pesos, deberán de resolverse de manera local.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó reglas para que los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidades de la Administración Pública Federal remitan casos de malversación de recursos a la autoridad investigadora central de la dependencia, en donde se destaca que aquellas casos que estén por abajo de los 10 millones de pesos se resolverán de manera local.
De acuerdo a la SFP, este será el monto mínimo para que aquellas auditorías realizadas de manera local sean remitidas a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la dependencia comandada por Arely Gómez.
El acuerdo que entro en vigor este jueves, precisa también que otro de los rubros que se analizará para que una auditoría se atraída por la autoridad investigadora central, será el nivel o cargo del servidor o servidores que estén involucrados en el presumible desvío de recursos públicos, además del impacto político o social que tenga el caso y la importancia y cobertura que tenga el tema en los medios de comunicación.
El expediente de la auditoría hecha se enviará, desde el Órgano Interno de Control (OIC), en primera instancia, a la Coordinación General de Organos de Vigilancia y Control y, de acuerdo al decreto publicado por la SFP en el Diario de la Federación, el expediente deberá contar con identificación del asunto, expediente asignado, Unidad Administrativa Responsable de la atención del asunto, los hechos que motivaron la actuación del OIC o de la unidad administrativa responsable y la propuesta que pueda investigar el caso o substanciar el procedimiento.
Una vez que se cumplan dichos requisitos, el caso será compartido por el coordinador de general de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, Cristian Noé Ramírez Gutierrez al subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Javier Vargas.
El decreto concluye que serán los OIC de la propia SFP será el encargado de vigilar que los procedimientos y estipulaciones se cumplan con cabalidad.
hector.molina@eleconomista.mx