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Trabaja Senado un plan para regular al Ejército
Senadores del PAN, PRI y PRD acordaron -de forma preliminar- un plan de dos vías para regular la actual participación de los elementos del Ejército en tareas de seguridad.
Senadores del PAN, PRI y PRD acordaron -de forma preliminar- un plan de dos vías para regular la actual participación de los elementos del Ejército en tareas de seguridad.
De avanzar los acuerdos preliminares, los senadores fijarían un plazo para que el gobierno federal retire las tropas de los operativos de seguridad que actualmente se llevan a cabo en los estados, y se crearía un mecanismo para que el gobierno federal pueda reaccionar -posteriormente- ante eventuales crisis similares de inseguridad.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro González Alcocer (PAN), confirmó en entrevista que existe un acuerdo preliminar entre los senadores que analizan las reformas a la Ley de Seguridad Nacional para modificar la propuesta del presidente Felipe Calderón, quien plantea la creación de la Fuerza Armada Permanente como respaldo a las labores de los cuerpos policiacos.
Por el contrario, el acuerdo contempla fijar un plazo para que el gobierno regrese a los cuarteles a las tropas, en lo que el PRI coincide con la propuesta del senador Tomás Torres (PRD), quien plantea: El periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no podrá exceder de tres años , contados a partir de la emisión de un decreto excepcional, el cual podría ser emitido por el gobierno, pero con la ratificación del Senado.
La segunda vía es crear un reglamento jurídico apegado al Artículo 29 constitucional, con el fin de que el gobierno pueda reaccionar posteriormente ante otras crisis e inseguridad similares o mayores a la que actualmente se vive.
Debido a que no existen reglas para la participación del Ejército en tareas de seguridad, la iniciativa de Torres plantea que durante el tiempo que desempeñen esas funciones, los militares deberán guiarse por el respeto irrestricto a las garantías individuales y a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución .
jmonroy@eleconomista.com.mx