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Van 15 homicidios de juzgadores y seis actuarios desde 2012
Según encuesta, 40% de trabajadores de poderes estatales han sufrido ataques.
A la presentación del informe acudió José Ramón Cossío, ministro en retiro de la SCJN, quien advirtió que de aprobarse la reforma judicial los jueces podrían ser cooptados por el narco. Foto: Cuartoscuro
Entre 2012 y 2023, a nivel estatal, seis personas actuarias y 15 personas juzgadoras fueron asesinadas, lo que muestra que en México la independencia de los integrantes del Poder judicial enfrenta constantes amenazas, indicó la organización México Evalúa.
A través del informe “Cuando impartir justicia es peligroso: los ataques a la integridad del personal judicial en México”, la ONG expuso que durante el último sexenio, las agresiones contra la independencia judicial se han intensificado, con ataques provenientes no solo de actores externos, como la delincuencia organizada y común, sino también de los propios poderes del Estado como el Ejecutivo federal.
La investigación señaló que los datos de homicidios provienen de una revisión hemerográfica, por lo que el número real podría ser mayor ya que, sólo el Poder Judicial del Estado de México y el federal reportaron contar con registros oficiales.
En cuanto a los homicidios de personas juzgadoras, la mayoría se ejercieron en contra de hombres (sólo una de las personas asesinadas fue mujer) con predominio de la materia penal (seis de los quince casos)… En cuanto a las personas actuarias, no se pudo determinar la materia en la que laboraban”, se lee en el texto.
A pesar de esta situación, la investigación subrayó la falta de atención a las agresiones contra los integrantes del Poder Judicial.
“Otro aspecto relacionado y que también es alarmante, es la falta de reconocimiento de la violencia y de los riesgos constantes que experimenta el personal judicial por parte de las mismas autoridades judiciales.
Por ejemplo, en el caso de Guerrero, donde se registra el mayor número de homicidios de personal actuario (dos) y juzgador (tres), un alto funcionario del Tribunal Superior de Justicia del Estado nos comentó que las únicas agresiones que se llegan a presentar en contra de personas juzgadoras y actuarias son de índole verbal”, explicó México Evalúa.
“Con relación a las medidas de protección, a nivel nacional, sólo los poderes judiciales de Baja California Sur, Estado de México, Guanajuato y Zacatecas cuentan con estrategias institucionales, establecidas en su normatividad, de protección a su personal”, añadió.
Agresiones y amenazas
Por otro lado, tras una encuesta realizada a 1,483 personas de 19 poderes judiciales estatales, se indicó que un 40% reportó haber sufrido alguna forma de agresión o amenaza.
Al desglosar las cifras por tipo de cargo, 52% de las personas actuarias reportaron haber sido agredidos o amenazados frente al 21% de los juzgadores que ha padecido las mismas situaciones.
Según las estadísticas de la ONG, la mayoría de las agresiones hacia las personas actuarias ocurre en un contexto de riesgo elevado debido a la naturaleza de su trabajo, que implica la realización de notificaciones y diligencias en espacios públicos o privados, frecuentemente fuera de la protección de una oficina.
En comparación, los ataques hacia los jueces suelen ser más premeditados y dirigidos a influir en sus decisiones judiciales o como represalia por las mismas. Sin embargo, el riesgo es especialmente mayor las áreas mixta, familiar y civil.
Las agresiones más frecuentes incluyen amenazas de lesiones, homicidio, daño a familiares y actos de persecución.
La ONG indicó que solo 39% de los jueces y 29% de las personas actuarias denunciaron ante las instancias internas haber sido víctimas y, de ellas, una mínima parte recibió medidas de protección.
Por otro lado, se denunció que, del 1 de enero de 2023 al 17 de enero de 2024, se identificaron 167 señalamientos en contra de personal judicial, de los cuales 98% consistió en declaraciones públicas: 88% emitidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Para que todas las personas tengamos acceso a una justicia libre de injerencias y presiones indebidas, el personal judicial debe contar con garantías para desarrollar sus funciones en un marco de independencia; una de estas garantías es la protección a su integridad”, aseguró Mariana Campos, directora general de México Evalúa durante la presentación del análisis.