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Politólogos ven que proselitismo de corcholatas afecta equidad hacia 2024
Politólogos advierten que la promoción temprana de aspirantes de Morena a la Presidencia de México atenta contra las reglas electorales y distorsiona la equidad en la contienda de 2024.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en el Senado. Foto EE: Especial
El proselitismo adelantado que realizan los aspirantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República violenta la normatividad electoral y afecta la equidad de la contienda de 2024 porque influye en las preferencias electorales ciudadanas, afirmaron los politólogos Germán Pérez Fernández del Castillo y Víctor Alarcón Olguín.
Las denominadas corcholatas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que el 5 de julio de 2021 destapó como presidenciables a varios morenistas, entre los primeros Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y secretario de Relaciones Exteriores, respectivamente, calidad que adquirieron después, en los hechos ya, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el senador Ricardo Monreal Ávila, iniciaron su promoción abierta a lo largo y ancho del país desde hace más de un año.
La campaña anticipada, que se intensifica conforme se acerca la definición del candidato del partido del gobierno, incluye promoción personalizada en bardas, espectaculares, mantas, presentación de libros, asistencia a actos masivos en los estados con cualquier pretexto organizados por gobernadores y alcaldes, aparición en portadas de revistas y periódicos disfrazada de entrevistas a modo, entre otros.
Uso de recursos públicos
“Están violentando la normatividad respecto a los procesos electorales y están descuidando sus deberes como administradores públicos. Es una estrategia del Ejecutivo federal a la cual se han visto sometidos los candidatos de su partido que no han tenido otra alternativa", dijo Pérez Fernández del Castillo.
El presidente López Obrador, explicó el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en política y elecciones, es quien incentivó a sus correligionarios “a violentar la legislación federal electoral y las condiciones de la competencia entre los distintos partidos políticos y a que descuiden sus labores como administradores públicos, que son muchas, y puedan, inclusive en un momento determinado, caer en responsabilidades (legales)".
Ningún funcionario público puede estar promoviendo su persona e imagen, precisó, “y a todas luces están utilizando recursos públicos en dos vías, por una parte los anfitriones que organizan eventos con cualquier pretexto para recibir a los precandidatos, y por otra los mismos aspirantes que utilizan recursos públicos para hacer sus discursos, viajar".
Si bien la autoridad electoral no puede sancionar mientras no llamen al voto, agregó, las corcholatas “sí están promoviendo su imagen y están utilizando recursos públicos"; en su opinión, “se necesita realmente tener una visión muy laxa para, en un momento determinado, decir que no están haciendo actos de campaña".
Inequidad
Alarcón Olguín, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en partidos políticos, afirmó que el proselitismo de los presidenciables del oficialismo está “fuera de tiempo, con respecto a los parámetros que marca la legislación electoral y esto es una afectación a las condiciones de equidad de la contienda".
La violación se asocia y tiene que ser revisado por el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo, a la luz de lo que establece el artículo 134 de la Constitución, en el sentido de que los servidores públicos federales, estatales y municipales “tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos".
De hecho, recordó, la ley reglamentaria derivada de la reforma electoral de 2014 se hizo para actualizar el catálogo de delitos electorales en consonancia con el Artículo 134 constitucional.
“Estos ya son abiertos actos de proselitismo, son lo que se considera en la ley eventos privados", precisó.
Desde su perspectiva, está bien que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya empezado a tomar cartas en el asunto en relación con el proselitismo anticipado de todos los aspirantes presidenciales, incluidos los que pretenden contender por la oposición.
Fallo
Por “aparentemente" llamar a votar en forma anticipada por los candidatos de su partido el próximo año, el TEPJF ordenó el pasado 26 de mayo al presidente López Obrador abstenerse “bajo cualquier modalidad o formato, (de) realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales" y ajustarse a “principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad".
El titular del Ejecutivo federal cumplió la sentencia al bajar de la red los videos y versiones de las conferencias de prensa matutinas presidenciales del 9 y 11 de mayo pasados en que solicitó, resolvió el máximo tribunal electoral, “votar por determinados institutos políticos, así como no votar por otras opciones políticas que son de índole electoral", lo que “pudiera afectar la equidad" de los comicios de gobernador realizados en el Estado de México y Coahuila.