Avanza nuevo catálogo de delitos en comisiones

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron por 22 votos de Morena, PT y PVEM, y 10 del PAN, PRI y MC en contra, el decreto por el que se reforma el Artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa, que fue remitido a la Mesa Directiva para su discusión y votación por el pleno cameral en la sesión ordinaria de hoy.  

La reforma promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que amplía el catálogo de casos en los que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa, incluyó la “extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados”.

La medida cautelar aplicará también en delitos graves “de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley”.

El cambio establece:

“Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.

En cuanto entre en vigor el decreto, ordena el artículo segundo transitorio, se habrán de derogar todas las disposiciones que se opongan a su contenido, previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo.

El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días, contado a partir de la vigencia de la enmienda constitucional, para armonizar el marco jurídico de las leyes secundarias en las materias correspondientes, y las legislaturas de las entidades federativas dispondrán de un año para realizar las adecuaciones normativas necesarias.