¿Por qué mataron al padre Marcelo Pérez, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas?

El padre Marcelo Pérez Pérez, o jtatik Marcelo, como se le conocía en la región de Los Altos de Chiapas, sabía que alguien le había puesto precio a su vida y hasta conocía el monto; sus hermanos en la fe también, lo mismo que el gobierno, a quien un organismo internacional le solicitó le otorgara medidas de protección. Nadie hizo algo al respecto y su destino marcado lo alcanzó: hace unos días murió asesinado a balazos, a una cuadra de la iglesia del Dulce Nombre de Jesús, en el barrio de Cuxtitali, San Cristóbal de las Casas, una mañana en que llovía.

“Tengo muy claro que en cualquier momento me puede pasar algo y trato de estar dispuesto y tranquilo, con paciencia. Cuando alguien lucha por la paz tiene que ofrendar la vida”, —se le oye decir al sacerdote indígena tsotsil, en un documental sobre su vida y obra, realizado en 2022, por Carlota Internacional—, mientras se ciñe al cuerpo el alba con una faja gruesa, antes de echarse encima una casulla verde, para oficiar misa.

Y es que el religioso, nacido el 17 de enero de 1974, en el barrio Chichelalhó, municipio San Andrés Larráinzar, había sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones por tratar de encontrar la paz en diversos conflictos entre comunidades y entre éstas y mineras y grupos de delincuentes que operan en la zona. Lo tenían amenazado incluso gente a quien ayudó.

El cura, hijo del mayordomo de la iglesia de San Andrés, decía: “La impunidad es lo que genera la violencia. Y precisamente en Chiapas lo que hay es mucha violencia, porque hay intereses de por medio”.

Los hechos parecen darle la razón.

En 2014, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requiriera al Estado mexicano adoptara medidas de protección para garantizar la vida e integridad del entonces párroco de Simojovel, ante amenazas en su contra y 10 personas por sus actividades como defensor de derechos humanos y por haber realizado diversas denuncias públicas sobre actividades del crimen organizado que habrían afectado intereses políticos y económicos de grupos de poder a nivel municipal y estatal.

La comisión halló que el religioso y las demás personas se encontraban en una situación de “gravedad y urgencia”.

Desde entonces y como ha ocurrido durante décadas, Los Altos, una de las 15 regiones socioeconómicas de Chiapas, acusa un severo problema de inseguridad, con un complejo coctel de generadores, lo que ha ocasionado una serie de episodios de desplazamientos forzados, tanto tumultuario como por goteo, así como de desaparición forzada y una persecución contra defensores de derechos humanos y la intervención de la iglesia católica, como mediadora.

¿Cuál es el contexto de seguridad en la zona?

Para el Centro Frayba, Chiapas es un desastre, entre violencia criminal y la complicidad del Estado. Se encuentra en una hondonada de interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los gobiernos y empresas. Sus impactos producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en un contexto donde el gobierno es omiso, permisivo y aquiescente frente a la violencia generalizada.

“En los últimos meses hemos denunciado ante las instancias nacionales e internacionales los graves crímenes de lesa humanidad por las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, control de la población, vía la toma violenta de varias regiones de Chiapas”.

De acuerdo con datos de ese reconocido organismo de la sociedad civil, de 2011 al 5 de octubre de 2024, en Chiapas se han registrado al menos 40 conflictos armados — en 33 se documentó el uso de fusiles de calibres altos—, de los cuales, la mitad ocurrieron en Los Altos, principalmente en comunidades de los municipios Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.

Asimismo, tan solo entre 2018 y 2022, el desplazamiento forzado se agudizó en el estado, particularmente en la región, debido a la actuación de grupos armados, específicamente en los municipios Chalchihuitán, Chenalhó, (donde, durante algún tiempo, el Padre Marcelo Pérez también sirvió como párroco) y Aldama y otros vinculados a grupos criminales como en el caso de San Andrés Duraznal y Pantelhó.

¿Quiénes son los generadores de violencia?

Los perpetradores de la violencia en la zona son diversos, desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado, refiere el centro Frayba.

Para la investigadora de El Colegio de la Frontera Sur, Carla Beratriz Zamora Lomelí, para entender el ecosistema de inseguridad que hay en esa región del país, hay que tener claro que ahí operan redes de macrocriminalidad.

Por su parte, el consultor en materia de seguridad, David Saucedo, refiere que, como ocurre en otras regiones del país, en la zona de San Cristóbal de las Casas operan mafias locales apoyadas por cárteles nacionales. Entre esos actores se generan alianzas que continuamente se rompen y ocurren mutaciones, lo cual cambia constantemente los mapeos de la delincuencia.

A principios del siglo en curso, los Zetas operaron redes de tráfico de drogas y otras actividades delictivas en la zona, apoyados por organizaciones criminales locales y establecieron cierto dominio en San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, San Andrés Larráinzar y Chenalhó.

Para ello utilizaron organizaciones delictivas locales, como las de San Juan Chamula. Sin embargo, debido al debilitamiento que sufrieron los Zetas a escala nacional, surgió el Cartel de Chamula, también conocido como el Cártel del Caracol. Actualmente se identifican dos facciones de esa organización criminal.

Algunos analistas destacan que esta región, como el resto del estado, por décadas ha sido dominado por el Cartel del Pacífico o Cártel de Sinaloa.

Paralelamente, en el caso de San Cristobal de las Casas, operan alrededor de cinco bandas de narcomenudistas y extorsionadores, conocidas, en general, como Los Motonetos, que controlan diversas actividades ilegales en torno a los mercados municipales, incluido el de Betania.

El origen de Los Motonetos se adjudica a un presidente municipal, que los utilizó como grupo de choque, pero cuando terminó su periodo en el ayuntamiento, el grupo mutó, estableciendo alianzas o trabajando para el Cartel de Chamula y otras organizaciones delictivas en San Cristóbal.

Saucedo explica que, así como ocurrió en la zona fronteriza del estado, desde hace poco más de dos años, se incrementaron los niveles de violencia en Los Altos por la incursión de células del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para disputarle al del Pacífico rutas de trasiego de armas, droga y migrantes.

A ello debe sumársele el surgimiento del llamado Cartel Chiapas-Guatemala cuyos integrantes entraron en confrontación también con el Cartel del Pacífico.

A esos grupos se suman diversas agrupaciones que surgieron como guardias comunitarias, algunas de las cuales han mutado a organizaciones criminales y otras que siempre se han dedicado a actividades delictivas.

Tal es el caso de Los Herrera, una organización criminal que opera en Patelhó, la cual está confrontada con el grupo identificado como El Machete, que surgió en 2021 como autodefensa, para rebelarse en contra de los primeros a quienes acusó de cometer extorsión, desplazamiento forzado de personas, entre otros delitos graves, pero que mutó a organización delictiva.

¿Por qué es peligroso ser defensor de los derechos humanos en la región?

Según el Centro Frayba, en Chiapas, el Estado mexicano lejos de garantizar o proteger a las personas defensoras de derechos humanos, utiliza el poder político para la criminalización y hostigamiento judicial de defensores de derechos humanos.

Pone como ejemplo la criminalización de Manuel Santiz Cruz, maya tseltal de 44 años, defensor de derechos humanos, y presidente del Comité de Derechos Humanos de la parroquia de San Juan Evangelista, del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, parte de la Diócesis de San Cristobal de las Casas.

También refiere el asesinato de Simón Pedro, defensor de los derechos humanos a quien el día 5 de julio de 2021 un individuo lo asesinó de un disparo directo en la cabeza, mientras se encontraba en el mercado de la cabecera municipal de Simojovel, Chiapas, junto a su hijo y su padre.

Simón era un defensor de derechos humanos del pueblo maya tsotsil, catequista y ex presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, organización de sobrevivientes de la matanza de 45 personas en Acteal, municipio Chenalhó, ocurrida en 1997.

Al respecto, el Centro Frayba refiere que el padre Marcelo Pérez, había promovido la construcción de la paz y la reconciliación entre los pueblos y comunidades y fue reconocido como intermediario en diversos conflictos comunitarios y ante el gobierno estatal.

Lo malo es que, en relación con estas acciones, fue amenazado de manera constante.

Relata que unos días después del asesinato de Simón Pedro, el 7 de julio de 2021, se desató la violencia y la movilización social en el municipio de Pantelhó, tras el levantamiento del autodenominado grupo de autodefensas El Machete que tomó el control municipal expulsando a un grupo criminal local que operaba desde la presidencia municipal y tenía sometida a la población (Los Herrera).

Catorce días después, 19 personas, supuestamente vinculadas a la delincuencia organizada desaparecieron. El padre Marcelo comenzó labores de mediación y llamados a la paz, instalando mesas de diálogo con el grupo El Machete y quienes destruían y saqueaban casas en Pantelhó.

Tras el diálogo entre el grupo de autodefensa, pueblos, comunidades y el gobierno del estado, se constituyó un Consejo Municipal avalado por 86 comunidades y 18 barrios de esa Cabecera Municipal.

Casi un año después, el 21 de junio de 2022, la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la cometida por Particulares dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, dentro de la carpeta de investigación número 0323-078-1001-2021, solicitó al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristobal de las Casas, Chiapas, una orden de aprehensión en contra del padre Marcelo y otras personas, acusadas de la desaparición de 19 personas. La orden de aprehensión en contra del religioso continuaba vigente hasta el día que lo mataron.

Del 21 de mayo al mes de noviembre del 2022, el padre Marcelo sufrió 79 incidentes de seguridad, entre los que se encuentran difamaciones, actos de vigilancia e intentos de clonación de su WhatsApp; además de la persecución penal en su contra, refiere el centro.

Tenían amenazado al sacerdote, gente de El Machete, de Los Herrera y las demás agrupaciones de la delincuencia organizada que operan en la zona, así como el denominado grupo Sentimientos de la Nación, cuyos dirigentes se formaron en las filas del EZLN, pero, están involucrados con la delincuencia organizada y ha tomado territorios. Actualmente mantiene el control de manantiales, incluso algunos que abastecen a San Cristóbal de las Casas.

En agosto de 2024, incluso tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la situación de riesgo de varias personas defensoras del territorio y de los derechos humanos en Chiapas.

Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, solicitaron al Estado que aclare las medidas que está tomando para proteger a quienes sufren ataques por su labor en pro de los derechos humanos.

La y los expertos independientes de la ONU sumaron sus voces tras sostener una reunión con varias personas defensoras del estado de Chiapas. Enfatizaron que los ataques que enfrentan el padre Marcelo Pérez Pérez, Pascuala López López, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, así como pobladores de Chicomuselo, movilizados contra la explotación minera en su territorio.

¿Por qué la muerte del sacerdote indígena no es un hecho aislado?

La académica, Carla Beatriz Zamora Lomelí destacó que el vació y ausencia ancestral del gobierno en esta región del país es lo que explica que religiosos, como el padre Marcelo Pérez se involucren en labores de intermediación de conflictos entre grupos sociales.

Llamó la atención que el sacerdote construyó una relación con la organización Las Abejas, porque estuvo muchos años como párroco en Chenalhó.

Posteriormente, al ser nombrado vicario de Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, incrementó ese tipo de labores.

Apunta que una característica de la iglesia católica de Los Altos es que trabaja con la gente en el análisis de las causas de los problemas sociales bajo las premisas de ver, pensar y actuar. “eso ha detonado muchos procesos organizativos y que la gente tome conciencia de las situaciones que viven y se involucre en tratar de resolverlos de manera pacífica, pero organizada”.

Por su parte Enriqueta Lerma Rodríguez, investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM, expone que en esa entidad, los sacerdotes han tenido que fungir como intermediarios en contextos de conflicto.

Refiere que subsisten una serie de cacicazgos regionales que se han servido del poder político, así como de guardias blancas, grupos de choque y de campesinos cooptados para reprimir expresiones de sectores desfavorecidos que exigen cuestiones básicas como salud, educación y respeto.

Además, hay una relación entre grupos económicos con guardias blancas y grupos paramilitares.

Ante esa situación, para los indígenas es difícil recurrir a las autoridades legalmente constituidas o al Ejército.

Llama la atención en que, entre la población católica, las oficinas de las parroquias han fungido como centros de atención comunitaria.

Por ello existe una fuerte relación entre organización social, comunitario y diócesis. Por eso la gente recurre a las diócesis cuando tiene un problema.

En tanto, los lasos estrechos entre narcotráfico, poder político y sector económico en la zona propician la constante violación a los derechos humanos hacia quienes se resisten o se oponen a sus propósitos.

Además, la mayoría de quienes denuncia son catequistas.

En ese sentido, remarca que lo que le pasó al Padre Marcelo no es un hecho aislado. Lo nuevo es que ocurrió con un actor muy visibilizado. Actualmente hay varios catequistas presos y también varios asesinados.

En ese sentido, la académica Carla Beatriz Zamora Lomelí enfatiza que lo delicado del asesinato del religioso es que se trata de un mensaje: Si pudieron hacerle eso al padre Marcelo, quien era una figura pública importante, pueden actuar contra quien quieran.