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Felipe Calderón promulga Ley contra lavado de dinero
El mandatario federal dijo que con esta nueva Ley se podrá combatir el flujo criminal de dinero proveniente de delitos que dañan a la sociedad.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que habrá de blindar el sistema financiero y la economía nacional del dinero proveniente de las organizaciones criminales.
En presencia de los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, Jesús Murillo Karam (PRI) y Ernesto Cordero Arroyo (PAN), el Mandatario mexicano firmó, en ceremonia oficial al pie de la escalinata de la casa Miguel Alemán de la residencia de Los Pinos, el decreto correspondiente aprobado por el Congreso de la Unión a partir de una iniciativa propia presentada en agosto del 2010.
Hoy, finalmente, México cuenta con una ley que le permitirá combatir el flujo criminal de dinero proveniente de delitos que tanto agravian a la sociedad , expresó.
Con las medidas contenidas en la nueva normatividad, amplió, se impedirá que los grupos criminales laven su dinero sucio y acumulen fortunas lícitas que tanto ofenden y agravian a los ciudadanos a partir de actividades ilícitas y criminales como las que desarrollan.
Calderón Hinojosa explicó que la ley prevé restricciones a las que se deberá sujetar la realización de operaciones comerciales y financieras, susceptibles de utilizarse para lavar dinero, por lo que se establecen límites al uso de dinero en efectivo en operaciones relacionadas con la adquisición de bienes que rebasen los montos determinados por la propia ley, entre cuyas actividades se encuentran las vinculadas a la práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos. Se acota también la construcción, desarrollo y compraventa de bienes inmuebles y la comercialización de obras de arte y piedras preciosas, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates.
La ley obligará además a los intermediarios no financieros o quienes participan en determinadas transacciones económicas a cumplir con obligaciones como verificar la identidad de sus clientes y sus usuarios, solicitarles información sobre su actividad, su ocupación o su fuente de ingreso, y conservar y proteger por cinco años la documentación correspondiente.
En el caso de los fedatarios públicos, precisó el Mandatario mexicano, estarán obligados a dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre aquellas operaciones relacionadas con la constitución de personas morales, la transmisión de acciones o partes sociales, la constitución o modificación de fideicomisos y la compraventa de inmuebles, entre otras actividades. Finalmente, dijo que, con la nueva ley, México se pone en sintonía con los más recientes criterios aprobados por la comunidad internacional en el combate al lavado de dinero.
rramos@eleconomista.com.mx