Inversionistas mexicanos iniciarán arbitraje contra el gobierno español

El grupo inversionista mexicano autodefinido como MIG y liderado por Antonio del Valle detalla los preparativos para proceder a activar el arbitraje internacional contra España, al considerar que el gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy “violó” el tratado bilateral de inversión con México en relación a la resolución y posterior venta de Banco Popular a Banco Santander al precio de un euro, según fuentes financieras.

El MIG está compuesto por 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión que tenían, en términos agregados, alrededor de 4% del capital de Popular, por un valor de alrededor de 470 millones de euros.

El grupo de mexicanos denuncia que la forma en la que se resolvió la entidad resultó en “la destrucción completa” de sus inversiones. El pasado 22 de enero, estos inversionistas enviaron una carta al Ejecutivo español en la que notificaban su intención de iniciar un proceso de arbitraje internacional por su papel en la resolución del banco.

A partir de dicha notificación se abrió un periodo de reflexión de seis meses, que culminó este domingo 22 de julio, durante el que el grupo mexicano y el gobierno español debían discutir y potencialmente resolver la disputa entre las partes.

El MIG se había comprometido a iniciar el arbitraje de conformidad con el Tratado México-España si, una vez expirado el periodo de negociación, no se hubiera llegado a ningún acuerdo.

El grupo liderado por Antonio del Valle necesita ahora encontrar un foro para iniciar el arbitraje. En este sentido, uno de los órganos que podrían estar valorando como espacio para proceder es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

Pérdida de confianza

El MIG considera que el gobierno español “incumplió sus obligaciones” bajo el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España (Tratado México-España), que entró en vigor en el 2006.

Concretamente, el grupo de inversionistas mexicanos denuncia que el gobierno de Mariano Rajoy participó activamente en el diseño y proceso de toma de decisiones que llevaron a la venta de Popular por un precio “muy por debajo de su valor justo de mercado”, una institución que consideraban financieramente “solvente y que había cumplido de forma consistente con sus requisitos de capital sin asistencia pública”.

El marco de implementación, que se llevó a cabo a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), violaba el Tratado entre ambos países al no proporcionar a los inversionistas ningún aviso u oportunidad de ser escuchados y al no actuar de forma transparente incluyendo el rechazo continuo a revelar el contenido completo de la decisión y sus fundamentos, según el MIG.

Del mismo modo, Del Valle y el resto de inversionistas aseguran que España ignoró soluciones alternativas existentes propuestas por la iniciativa privada que hubieran evitado la resolución, incluyendo el compromiso de inversiones institucionales y hasta del propio MIG para inyectar capital en Popular o la venta de algunos activos para reforzar su posición de liquidez.

También consideran que se llevaron a cabo medidas activas que dañaron la condición financiera de la entidad antes de su resolución y que condujeron a una retirada “abrupta y sin precedentes” de miles de millones de euros, así como los anuncios públicos que perjudicaron la reputación y que causaron la repentina salida de depósitos.

Subasta

Por otro lado, el MIG asegura que la subasta puesta en marcha por el gobierno y el FROB para determinar el comprador de Popular se inició en unas condiciones “inadecuadas”. “Se invitó sólo a unos cuantos bancos españoles a ofertar y luego se proporcionó a las partes interesadas información y horas inadecuadas, por lo que, predeciblemente, Santander quedó como único ofertante y ganador menos de 24 horas después”, señala el grupo en un documento escrito en el que se detallan los hechos denunciados.

El grupo mexicano considera que la expropiación de su inversión no se realizó por un motivo de interés público, sino para beneficiar a Santander.