Derecho al olvido, con las piezas incompletas en México

En México se carecen de las piezas para el pleno ejercicio al derecho al olvido. Una muestra es el caso de Google en contra del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Desde legislaciones para el establecimiento de jurisdicciones y marcos legales para el manejo de los datos de los ciudadanos mexicanos en manos de empresas, hasta la creación de un organismo exclusivo para temas de privacidad y protección de datos personales darían una mayor certidumbre al ejercicio del derecho al olvido, consideró Ivonne Muñoz, directora del despacho especializado en derecho informático IT Lawyers.

ARTÍCULO: Derecho al olvido, ¿oportunidad o censura?

Si bien en México no se reconoce explícitamente un derecho al olvido, éste se ha interpretado dentro de los derechos a cancelación y oposición contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

"El derecho al olvido sí existe, sólo hay que empujarlo. Ejercer el derecho al olvido si no tengo una legislación específica en el país es confuso porque como hay legislación de Protección de Datos Personales, el tema de jurisdicción también recae en temas como los servidores donde recae la información", explicó en un encuentro durante el encuentro Social Media Week en la ciudad de México.

El caso de Google resulta ejemplar en este desafío. En enero, el entonces IFAI resolvió iniciar un proceso sanción a la compañía tecnológica por negarse a ejercer el derecho de oposición a un particular quien solicitó remover de los resultados del buscador la información de su persona. Pero Google México decidió interponer varios recursos de amparo ante el Poder Judicial para tratar de revertir esta resolución.

Uno de los argumentos presentados por la compañía trasnacional es que la firma no realiza tratamiento, procesamiento y almacenamiento de datos en México, sino en Estados Unidos donde la legislación mexicana queda sin efecto.

"El caso de Google es distinto y tiene un argumento legal muy válido porque su respuesta es: yo no creo el contenido, sólo busco y arrojo y ahí hubo muchas interpretaciones oscuras. Google decía que yo no trato y no uso la información, lo cual no es cierto porque Google recibe beneficios económicos de ello, o sea, todos los anuncios que están alrededor y el por qué tiene la heurística de la información", dijo la especialista.

La creación de un marco legislativo para los prestadores de servicios privados, que mandate el tratamiento almacenamiento de la información de usuarios y titulares mexicanos en centros de datos ubicados en el país, podría ayudar a la ejecución del derecho al olvido, dijo la experta.

Aún así reconoció que esto generaría mayores costos para las empresas, además de que expertos han expresado anteriormente el riesgo de una fragmentación de Internet. El gobierno brasileño ponderó esta medida pero los legisladores del país sudamericano aprobaron el año pasado un Marco Civil de Internet en el que estableció que todos los asuntos relacionados con los datos de los ciudadanos serían abordados en juzgados de Brasil aunque se tratara de servicios ofrecidos por compañías extranjeras.

Ivonne Muñoz también reconoce que el derecho al olvido puede poner en riesgo la libertad de expresión si se le da una interpretación errónea de la legislación.

"Las personas no deben considerar que el derecho al olvido es sinónimo de borrar la historia; una cosa es la historia de la humanidad y otra cosa es la historia personal, privada e íntima de los actores de la historia de la humanidad", comentó.

Su perspectiva es que no aplicable cuando se trata de individuos que realizan actos en carácter de funcionarios o personajes públicos que tengan un impacto mayor en la sociedad.

El caso de Google, donde un empresario pide la remoción de enlaces a un foro de opinión así como de dos notas periodísticas donde en el texto y comentarios se le vincula con la familia del ex presidente Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún.

"En este caso, donde quiero que la gente no sepa mi relación particular con ciertas empresas, si es algo público, es algo que un medio de comunicación puede utilizarlo para una nota o difusión. El problema y la mala interpretación del tono activista en donde dicen que si el IFAI sanciona a Google, y Google empieza a quitar contenido, eso iba a dejar de ofrecer resultados. Uno tiene que aprender a afinarlo y cualquier buscador, no sólo Google, tiene que abrirse a eso, pero la salida que han usado es que la información no se procesa en México", dijo en entrevista.

Muñoz, quien ha sido asesora del INAI (antes IFAI) durante 11 años, consideró que es urgente la creación de una entidad independiente que se especialice en privacidad y protección de datos personales para atender, promover el ejercicio de estos derechos y evolucionar la normatividad para ajustarlas al desarrollo de nuevas tecnologías y escenarios que pudieran no estar previstos por la Ley.

"Hoy ves a un sólo organismo abordar temas de acceso a información, clasificación y datos personales que se contraponen, por lo que un instituto especializado es urgente y necesario. Se ha hablado mucho que va a suceder. Se requiere un instituto especializado con gente que está viendo temas de privacidad y no esperar una sesión el día miércoles en el que el 70% de los casos se refieren a acceso a la información y 30% son datos, no hay congruencia", aseguró.

Incluso dijo que este nuevo instituto es una posibilidad que se está ponderando, aunque no de forma pública, en una reforma al Instituto que podría ver la luz con la publicación de una nueva Ley General de Protección de Datos Personales, donde se prevé la regulación de entidades que traten con información de los ciudadanos tanto al sector privado como a gobierno.

julio.sanchez@eleconomista.mx

mac