El cambio de estrategia de FCH avanzará en tres ejes

A partir de una estrategia de lucha contra el crimen organizado cuestionada en su efectividad, el presidente Felipe Calderón abrió la puerta a los Diálogos por la Seguridad, espacio en el que escuchó reproches sobre la falta de eficiencia en la aplicación de algunas leyes, por lo que se comprometió a revisar por lo menos tres aspectos fundamentales: la Ley de Extinción de Dominio, el sistema de justicia penal y el diseño de una política en contra del lavado de dinero.

Por separado y durante siete días, Calderón Hinojosa se reunió en el Campo Militar Marte con diversos sectores que criticaron los pocos resultados del gobierno federal para abatir la inseguridad, sobre todo la violencia emanada del crimen organizado.

En seis mesas públicas y una privada, empresarios, especialistas, sociedad civil, ministros y políticos dieron propuestas para que se renueve la estrategia nacional.

Se consideró desde lo elemental (fortalecer el tejido social, mejorar el presupuesto para la educación y generar empleos para que los jóvenes no sean reclutados por los sicarios por falta de oportunidades), hasta lo más sofisticado (que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suprima repetidoras ilegales, reformar leyes en materia de seguridad y buscar nuevas fuentes para incrementar el presupuesto a las instituciones estatales de justicia).

Tras el asesinato de Rodolfo Torre, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas el pasado mes de junio, Calderón Hinojosa llamó al diálogo en el que compartió el gravísimo problema que representa la delincuencia organizada y de la violencia que generan los narcotraficantes sin escrúpulos .

Pidió ante todo corresponsabilidad de todos los poderes de la Unión y exigió a los gobernadores dar resultados claros en el combate, de lo contrario se condenaría a las siguientes generaciones a vivir en la misma violencia que hoy azota al país.

DÍA 1-2 de agosto

Sería muy deseable... desarrollar esta base de datos para tratar de cerrarles más las puertas a estas organizaciones delictivas .

Luis Peña, vicepresidente ABM

El Ejecutivo inició los Diálogos por la Seguridad con el sector empresarial y representantes de la sociedad civil, quienes pusieron énfasis en golpear al crimen organizado en sus finanzas, pues la producción de las drogas es un negocio rentable que no es combatido desde la raíz.

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de Coparmex, dijo que el proceso de limpieza nacional debe comenzar desde las reformas en materia de seguridad que han quedado pendientes hasta la detección de empresarios coludidos con los delincuentes que incurren en el lavado de dinero.

Los presidentes de asociaciones civiles fueron más fuertes. Le reprocharon de forma pública a Calderón que la estrategia de seguridad no ha servido y que los ciudadanos esperan mayor efectividad de la clase política.

Eduardo Gallo, de México Unido Contra la Delincuencia, fue el primero que llamó a explorar un plan B: la legalización de las drogas, mientras Isabel Miranda, de Alto al Secuestro, dijo que es necesario un mejor sistema educativo, ya que el país está secuestrado por el SNTE. Gallo enfatizó que la sociedad no debe tolerar la irresponsabilidad de los políticos.

DÍA 2- 3 de agosto

Más de 28,000 asesinatos vinculados al crimen organizado y 963 enfrentamientos se han registrado en este sexenio .

Guillermo Valdés, director del Cisen.

En la mesa con especialistas en materia de seguridad y académicos hubo tres puntos fundamentales: el Cisen dio a conocer la cifra de muertos relacionados con el crimen organizado, Calderón aceptó el debate de la legalización de las drogas y los ponentes exigieron mayor información.

El Presidente consideró medular el debate por la legalización de las drogas; sin embargo, expresó su rechazo a esta medida pues consideró que al no haber regulación de precio de los estupefacientes en EU, México pagaría las consecuencias si diera el primer paso en esta materia.

Joaquín Villalobos, asesor internacional en solución de conflictos, alertó que en esta materia hay una trampa, debido a que no es lo mismo un país de flujo y producción de drogas como México a una nación que padece un problema de demanda y consumo, como Estados Unidos.

Las autoridades nos tienen en medio de un tiroteo. Ni en defensa propia, de sus propios logros nos disparan con información , reprochó el analista Héctor Aguilar, por la opacidad de las cifras. El especialista Eduardo Guerrero dijo que ni los países desarrollados han podido dar golpes efectivos al lavado de dinero.

DÍAS 3 Y 4-4 y 5 de agosto

"A mí sí me interesa saber quiénes son los que cobran las cuotas, en dónde se reúnen, cómo actúan, quiénes los cobijan y se coluden con ellos .

Felipe Calderón, presidente de México.

Ante líderes religiosos, el Presidente llamó a la sociedad a que le proporcione información, incluso de forma confidencial, sobre las autoridades que están vinculadas con los delincuentes.

José Murillo, secretario general de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, reveló que fieles han sido amenazados por integrantes del crimen organizado, a sacerdotes les cobran cuota por su libre tránsito, además de que extorsionan y agreden a personal de centros de rehabilitación inscritos a dicha institución religiosa.

Los cardenales Norberto Rivera y Juan Sandoval Íñiguez, consideraron que para evitar que los jóvenes se unan a las bandas delincuenciales es necesario fortalecer el tejido social y reforzar los valores familiares.

Los líderes de las iglesias aceptaron que se abra el debate a la legalización de las drogas pero con voces de autoridades de los países en los que no funcionó esta medida.

El presidente Calderón dijo que en materia de seguridad no va ceder ante los criminales ni va a esperar a que los políticos terminen con los intereses personales para anteponer los de la nación. Desgraciadamente los líderes religiosos tienen razón al opinar que en México faltan los políticos , dijo que por eso se acercó al apoyo de los ciudadanos para revisar la estrategia de seguridad nacional.

Estoy pidiendo la ayuda de la sociedad, como también ya se la pedí a los partidos políticos y se la pedí al Congreso, y se la seguiré pidiendo, pero no me voy a quedar a esperar a ver a qué horas los intereses particulares terminan de estar por encima de los intereses nacionales , aseveró.

DÍA 5-10 de agosto

"Hay que atacar las redes financieras de los sicarios; no guardan el dinero bajo su colchón, sino en instituciones financieras .

Jesús Ortega, presidente nacional del PRD

Ante líderes de los partidos políticos, el presidente Felipe Calderón adelantó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, trabaja en el diseño de una nueva política en contra del lavado de dinero, con el apoyo del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.

Reconoció que es complicado conseguir expertos en materia financiera que arriesguen incluso su vida para detectar las cantidades provenientes de la actividad ilícita, además de que los expertos pueden tener remuneraciones tres o cuatro veces más altas que el sueldo que podría pagar el gobierno federal.

El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, resaltó la importancia de atacar las redes financieras poderosas de los sicarios, quienes no guardan el dinero bajo su colchón, sino en instituciones financieras.

Beatriz Paredes, líder nacional del PRI, dejó claro al presidente Felipe Calderón que las medidas de seguridad que considera pertinentes no las diría en público, ya que podrían perder efectividad, por lo que se dedicó a recriminar el discurso político que se emplea sobre el tema. Criticó el uso electoral de las instituciones de inteligencia al hacer referencia a grabaciones de políticos.

DÍA 6-11 de agosto

"Los jueces no podemos declararnos inmersos en la lucha contra el crimen porque si lo hiciéramos dejaríamos de ser jueces .

Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN

Tocó el turno a ministros, consejeros y jueces. Mientras Calderón les pedía apoyo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, sostuvo que el problema tan grave de la criminalidad es una cuestión totalmente ajena al Poder Judicial. Además aseguró que hay dos preocupaciones constantes en el Órgano de Administración y Vigilancia del Poder Judicial de la Federación: la intimidación hacia los jueces y la corrupción.

Comentó que en el ámbito no se cubre a nadie, menos a los funcionarios, pues desde el 2007 en el Consejo de la Judicatura Federal se ha sancionado a 42 jueces de Distrito y magistrados de circuito por faltas administrativas en diversos grados, incluso, algunos casos ameritaron sustituciones definitivas.

Por su parte, el Primer Mandatario ofreció a los representantes información de inteligencia, pues son presa de las amenazas.

Ante cuestionamientos precisos de Calderón, Arturo Chávez adelantó que se prepara una propuesta de iniciativa para tratar de superar los escollos en la Ley de Extinción de Dominio, ya que el aspecto de secrecía ha causado problemas a las autoridades.

DÍA 7-12 de agosto

"Mi relación con usted señor Presidente no se ha caracterizado por la adulación, por la lisonja o por el aplauso fácil .

Humberto Moreira, gobernador de Coahuila.

Llegó la hora de los gobernadores, quienes reconocieron su ineficacia en materia de seguridad. Al contrario de lo que había dicho Calderón en días pasados, se notó la corresponsabilidad de los mandatarios que se culparon por los deficientes resultados.

Los priístas sobre todo expusieron sus faltas, tal es el caso de José Reyes Baeza (Chihuahua) al asumir sus omisiones, o Enrique Peña Nieto (Estado de México) al expresar que el llamado del presidente Felipe Calderón es un reconocimiento a la insuficiencia de las instituciones para combatir la inseguridad.

La mayoría de los 29 mandatarios reunidos (faltaron Morelos y Baja California Sur) expusieron problemas específicos de la entidad y propusieron salidas, casi todas ya comprometidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Los gobernadores acusaron que son insuficientes los recursos económicos para combatir el crimen. Peña Nieto dijo que del 2005 al 2010 el ramo administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública se ha incrementado 361%; el mismo rubro en los estados creció sólo 38 por ciento.

Los temas

Algunos de los puntos que se abordaron en los Diálogos por la Seguridad fueron: la generación nini, limitar las operaciones en efectivo, certificación de la policía, así como sanciones a los políticos que eludan su responsabilidad.

Los invitados a las mesas de diálogo coincidieron en la preocupación de la llamada generación nini, personas que ni estudian ni trabajan, por lo que urgieron al Presidente a generar empleos dedicados a los jóvenes, para evitar que ante la falta de oportunidades sean atraídos por el crimen.

Una propuesta que llamó la atención y que a raíz de ella el gobierno federal prepara una nueva política que limita el dinero en efectivo, la hizo Luis Peña, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, quien pidió limitar las operaciones en efectivo hasta por 50,000 pesos.

A dos años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el gobernador de Baja California, Guadalupe Osuna, recriminó que sólo en su estado y en Sinaloa se han certificado a los cuerpos policiacos, a través de centros de control y confianza.

Bajo la premisa de que los gobernantes no aplican de forma adecuada el presupuesto, el presidente de México Unido contra la Delincuencia, Eduardo Gallo, consideró necesaria la implementación de sanciones hacia los políticos que eludan su responsabilidad en materia de seguridad.

Tras el pronunciamiento de especialistas en seguridad, politólogos y académicos, el Jefe del Ejecutivo aceptó el debate en torno de la regulación de las drogas, lo que fue apoyado por los gobernadores Leonel Godoy, de Michoacán, y Andrés Granier, de Tabasco, incluso por la Iglesia.

Tanto los miembros del gabinete, como los representantes del Poder Judicial optaron por una revisión y en su caso modificación de la Ley de Extinción de Dominio, además de que reconocieron que el Sistema de Justicia Penal ha tenido pocos avances y sólo se ha implementado en ocho estados.

La aprobación de la policía única nacional se espera que se apruebe en el Congreso en el próximo periodo ordinario, pues las negociaciones de los gobernadores con el gobierno federal van por buen camino.

trosas@eleconomista.com.mx