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ANUIES respalda la nueva Ley General de Educación Superior
La deserción escolar en el nivel superior en México es de 8.6%, es decir 1.6% más que el histórico de hace diez años.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) califica como una decisión trascendental la aprobación de la Ley General de Educación Superior “en nombre de las casas de estudio públicas y particulares que la conforman, expresa su más amplio reconocimiento a todas y todos los integrantes del Congreso de la Unión, organismo bicameral depositario del Poder Legislativo”.
El pasado 9 de marzo la Cámara baja aprobó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Educación Superior y abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
El objetivo es dotar a las instituciones de ese nivel con recursos suficientes para garantizar gratuidad a los estudiantes con el enfoque de cobertura universal y para refrendar la obligación del Estado de respetar la autonomía universitaria. Con ello se pretende dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en el Artículo 3, con un enfoque de equidad, excelencia e inclusión.
La institución asegura que esta Ley es fruto de diversos foros de consulta que coincidieron al considerar la educación superior como un eje estratégico para la transformación integral del país. En un comunicado, la ANUIES dijo que era necesario un marco normativo moderno con amplio sentido social que promoviera el logro de acuerdos y compromisos. Ahora facilitará la articulación de esfuerzos y agilizará la aplicación transversal de políticas públicas orientadas al logro de innovaciones en beneficio de millones de jóvenes mexicanos.
De acuerdo con los diputados, esta es la culminación de más de dos años de trabajo colegiado entre representantes de todos los grupos parlamentarios, universidades, académicos y especialistas. Consideraron que es un proceso ejemplar de cómo sí se pueden lograr consensos y trabajar en conjunto a partir del diálogo, cooperación y deliberación democrática.
El presidente de la Comisión de Educación, diputado Juan Carlos Romero Hicks, se congratuló también por este avance para la educación superior, sin embargo dijo que aún hay pendientes, como el financiamiento, la mejora en la evaluación y la protección de la autonomía. “Se tiene que establecer de manera más clara la asignación de recursos por parte del Estado. Lamentablemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puso sus condicionantes de carácter presupuestal”.
Aunque esta iniciativa tuvo el consenso de la mayoría para su aprobación, el Grupo Parlamentario del PT votó en contra. De acuerdo con el diputado Alfredo Femat Bañuelos, se pretende incidir de manera expansiva en la primacía del mercado sobre el bien común. “El PT fue el único partido que se negó a acompañar las iniciativas de Esteban Moctezuma, porque la educación es un derecho y no un privilegio. El exsecretario fue un actor relevante en la mercantilización y privatización de la educación”. Lamentablemente, agregó, lo que se tiene es un dictamen que plantea transformar la educación en una industria, en un entramado de poder para vender conocimientos y aprobar exámenes.
Contenido de la Iniciativa
El dictamen prevé crear los subsistemas Universitario, Tecnológico y de Escuelas Normales y de Formación Docente en sus diferentes modalidades, a fin de garantizar una oferta educativa con capacidad de atender las diferentes necesidades nacionales, regionales, estatales y locales.
También se crea el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, órgano colegiado para acordar las acciones y estrategias que impulsarán el desarrollo de la educación superior.
De acuerdo con la iniciativa, uno de los criterios que regirá a este nivel educativo será la perspectiva de género, por lo que crea modelos para que los espacios universitarios se consoliden como libres de violencia de género y de discriminación hacia las mujeres. De igual modo, fomenta medidas para proteger el bienestar físico, mental y social de los estudiantes, así como del personal que labora en las instituciones; garantiza el fortalecimiento del personal académico y de la excelencia educativa, mediante la búsqueda de condiciones laborales adecuadas y estabilidad en el empleo, y promueve esquemas de capacitación del personal docente en educación superior.
La ley fue turnada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial.
