Despropósito jurídico, prohibir exhibición de Presunto Culpable: Amedi

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) aseguró que la decisión de la jueza que resolvió suspender la exhibición de la película 'Presunto culpable', puede implicar consecuencias graves al derecho a la información de la sociedad mexicana.

Tras rechazar la censura a esa cinta, el organismo señaló que debido a que en ella se muestran escenas de un proceso judicial que fue público, la decisión de prohibir su exhibición constituye un despropósito jurídico.

En un pronunciamiento, la Amedi explicó que la juez 12 de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal no tomó en cuenta la excepción establecida por la Ley Federal de Amparo, que en su artículo 124, inciso II, establece que la suspensión no puede declararse cuando sea afectado el interés social.

"Los hechos allí registrados son de interés público -atendiendo al principio de publicidad establecido en la Constitución- y su divulgación no requiere del permiso expreso de las personas que participaron en tales audiencias", estableció la Amedi.

Ante ello, el documento firmado por Raúl Trejo Delarbre, presidente del organismo, así como por miembros del Comité, actrices, actores y directores, exigió plenas garantías para la difusión de 'Presunto culpable', y demandó el establecimiento de una política de difusión de documentales cinematográficos.

Recordó que la censura a los documentales de este tipo tiene una larga y siempre cuestionable tradición en México, y había sido superada gracias a la defensa de la libertad de expresión en todos los planos.

Sin embargo, el interés de ese público por películas como la que ahora se encuentra en riesgo de censura, demuestra el afán de la sociedad para tener acceso a testimonios de esa índole, agregó.

"Las extendidas protestas ante la decisión de la juez Blanca Lobo Domínguez demuestran que, hoy en día, la censura se enfrenta a una sociedad exigente y participativa", apuntó el texto de la Amedi.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información precisó que este caso permite recordar, además, que sigue pendiente la revisión de las atribuciones que tiene la Secretaría de Gobernación para clasificar y autorizar películas.

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