Riesgo de fraudes y sobornos dentro de las empresas creció con la pandemia

De la mano del impacto de la pandemia en la economía y el empleo también crecieron las probabilidades de que más personas justifiquen actos deshonestos en sus organizaciones, elevando el riesgo en temas de integridad para las empresas.

De acuerdo con el reporte Tendencias de Honestidad 2022 de la consultora de Ética Organizacional AMITAI, en los últimos dos años se elevaron las probabilidades de que los trabajadores mexicanos encuentren una razón para explicar actos como sobornos, fraudes, de falta de lealtad, violencia y acoso sexual en las empresas.

En sobornos, por ejemplo, pasó de 13 a 42% la proporción de mexicanos que justificaría una acción de este tipo. En fraudes, el nivel de personas trabajadoras que encontrarían una razón en estos actos se posicionó en 64%, lo que representa un crecimiento de 43 puntos porcentuales durante la pandemia.

“El soborno es la dimensión que presentó el mayor crecimiento en justificación en este periodo de tres años, un alarmante incremento de 68% en promedio, seguida de fraude con un promedio de 58%. Estos resultados coinciden con las publicaciones de otros reportes de organismos internacionales donde mencionan que el Covid-19 agravó la corrupción”, indica el reporte.

Aunque esta realidad no es exclusiva de nuestro país, en otras economías de la región como Colombia, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador y República Dominicana, donde también se midieron los niveles de integridad, se observa la misma tendencia de incremento en las probabilidades de racionalizar comportamientos deshonestos.  

Este crecimiento en los riesgos de integridad al interior de las empresas se explica en buena medida por las afectaciones de la pandemia en la economía y el mercado laboral como los recortes salariales, el desempleo, la incertidumbre en los entornos laborales, la pérdida de prestaciones, entre otros aspectos.

“Las perturbaciones que provocó la Covid-19 en los procesos de operación, la falta de controles y ausencia de condiciones laborales normales brindan a los actores maliciosos oportunidades para justificar con mayor facilidad, y cometer fraude; en este contexto, el caos y la incertidumbre de la crisis facilitaron a muchos racionalizar el mal comportamiento que, de otro modo está cubierto por los códigos de ética y conducta”, refiere el informe.

En tanto, y pese a tratarse de una realidad generalizada en la región, México y Colombia son las únicas economías donde la justificación de la violencia en los centros de trabajo creció. En el caso de nuestro país, la cifra alcanzó al 34% de la fuerza laboral que encontraría una razón para explicar los actos de violencia, con esto se posiciona como la nación con el nivel más alto. 

“México sigue siendo el país más violento. Los mexicanos nos hemos vuelto más violentos, hemos perdido la capacidad de dialogar como forma de resolver nuestras diferencias, y esto se refleja en muchas esferas de nuestra vida diaria”, señala el estudio.

De acuerdo con los resultados de la investigación de AMITAI, los comportamientos violentos se ven reflejados tanto en la interacción en el entorno laboral como en el social, también pueden estar vinculados con la inestabilidad económica, el estrés y el desempleo generado por la pandemia.

Entendiendo el fenómeno

AMITAI califica como “preocupante” el crecimiento de la justificación de malos comportamientos como fraudes o sobornos, lo que podría estar vinculado con la reducción del poder adquisitivo, la pérdida de empleo y los recortes salariales. En otras palabras, estos actos de corrupción podrían estar motivados por incrementos en los niveles de pobreza.

“La pérdida de fuentes de ingresos es una justificación usada para aceptar que se comentan estos delitos o hasta para llevarlos a cabo. Cuando las personas usan la frase ‘todo el mundo lo hace’, se genera una legitimación sobre la ejecución de este tipo de actos hasta que se perciben como personas que saben aprovechar las oportunidades y no como personas corruptas”, indica el estudio.

Sin embargo, la proliferación de prácticas corruptas al interior de las empresas no sólo responde a la legitimación de los propios trabajadores a dichos comportamientos deshonestos, también se debe a la falta de controles y el debilitamiento de las pautas de conducta en una crisis como la pandemia de Covid-19.

“Es importante señalar que el establecimiento de una agenda de integridad debe ser un elemento necesario para la recuperación y reactivación de la vida social y económica de los países. Al respecto, la discusión internacional sobre el fenómeno de la corrupción señala que para poder lograrlo es necesario tener un enfoque integral que involucre a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía en general”, concluye el informe.