Lectura 4:00 min
Grupos de interés vuelven rígido el presupuesto: Ugalde
El gobierno entrante requiere más capital del que puede disponer, y la forma en la que se propone resolver esa brecha implica costos sociales y políticos.
Los gastos ineludibles que tiene el gobierno federal, como pago del servicio de la deuda, participaciones, pago a pensiones y otros, dejan un margen de maniobra de apenas 10%, comentó Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia.
“En promedio, sólo 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es susceptible de negociación (...) En los últimos 15 años se ha modificado en promedio 3.5%, respecto de la propuesta que entrega el presidente en turno cada año al Congreso”, dijo al presentar el libro La negociación política del presupuesto 1997-2018.
Quien fue presidente del entonces Instituto Federal Electoral entre 2003-2007 comentó que ese 10% que se puede modificar es el referente a la inversión pública, programas de campo, recursos que se destinan a universidades públicas y lo relacionado al fomento de la cultura y el deporte.
Enfatizó que el gobierno entrante requiere más recursos de los que puede disponer, y la forma en la que propone resolver esa brecha a través de reestructurar el gasto público implica grandes costos sociales y políticos.
“Cada programa social, por ineficaz que sea, tiene a su alrededor un enjambre de intereses políticos e intermediarios políticos locales, y cuando quieras consolidar eso vas a tener que enfrentar mucha resistencia, sobre todo del mismo partido de Morena”.
Recordó el caso de los gobiernos anteriores que fueron presididos por el PAN y PRI, donde en los últimos 18 años el gasto público creció 100% en términos reales; no obstante, ello no se vio reflejado en una mayor reducción de la pobreza o crecimiento económico del país.
Se negocian cada año más de 100,000 MDP
Ximena Mata, investigadora de Integralia, agregó que cada año la Cámara de Diputados tiene en promedio una bolsa de recursos negociables por 142,000 millones de pesos.
“De ese tamaño es la bolsa negociable, la cual se conforma con los incrementos que los diputados hacen en la Ley de Ingresos, y por otro lado están las modificaciones de reducciones, asignaciones y reasignaciones que hacen en el presupuesto”.
Detalló que, durante el gobierno de Vicente Fox, esta bolsa negociable representó 4.8% del presupuesto total, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón fue de 4.7%, y con Enrique Peña Nieto fue de 1.4% del total del presupuesto.
Ugalde consideró que lo anterior se debió en gran medida a que el gobierno saliente ha mejorado las estimaciones sobre ingresos y gastos, y sus estimaciones fueron más realistas que lo que presentaban los gobiernos panistas.
Sin embargo, reconoció que todavía existe un círculo vicioso en la discusión y aprobación del PEF, pues hay inexperiencia, escasa profesionalización sobre el manejo de los recursos, desinterés y un fenómeno clientelar, donde los diputados sólo están preocupados con lo que quieren recibir.
“La Cámara de Diputados no da seguimiento del gasto público y nadie paga las consecuencias ante el dispendio de este gasto”, destacó.
Auditoría especial de seguimiento
El auditor superior de la Federación, David Colmenares, refirió que desde el organismo que preside se creará un área denominada Auditoría Especial de Seguimiento, la cual vigilará los recursos públicos, es decir, si se ejercieron conforme al propósito por el que fueron aprobados.
Añadió que otro problema que se debe mejorar en la negociación general del Paquete Económico es la parte de ingresos, “más de 80% de los ingresos recaudados provienen de la Federación y menos de 5% de los estados y municipios”.
Por ello, a través de los datos que recopilaron en el estudio, los representantes de Integralia consideran necesario cambiar las reglas del juego, especialmente ahora que el partido del presidente electo tendrá mayoría en ambas cámaras.
Entre sus recomendaciones está eliminar las bolsas individuales que se asigna cada diputado y que no siempre están etiquetadas de forma transparente. También, que se vuelva a incluir al Senado de la República dentro de la discusión y aprobación del presupuesto.
Otra recomendación es que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emita dictámenes trimestrales sobre la evolución del gasto público, con base en los informes que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“El gobierno gasta más de lo que aprueba, el Congreso no da seguimiento al gasto a lo largo del año fiscal, pocas veces la Comisión de Presupuesto emite el informe de gasto trimestral que está obligado a hacer y nadie paga las consecuencias”.
