América Latina tiene resultados desiguales con las empresas públicas de telecomunicaciones

Empresas de telecomunicaciones con participación de gobiernos que colaboran en el empuje de la cobertura de servicios han surgido en América Latina en años recientes, pero con distinto grado de éxito y naturaleza de política pública. Con capital enteramente estatal o una combinación público-privada, por aire o por cable, en banda terrestre o por vía satelital, minorista o mayorista, estas empresas estatales han contribuido a cambiar el rostro del mercado donde participan.

Ahora que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto la creación de una empresa pública que ayude a disminuir la brecha de acceso a internet en el país, conviene echar un vistazo a la experiencia latinoamericana.

Antel de Uruguay, Arsat de Argentina y CNT de Ecuador son empresas que pueden considerarse como sociedades anónimas estatales que han cumplido con varias de sus misiones en lo que toca a conectar gente y presionar a la competencia con la baja de precios. Etecsa de Cuba, Copaco de Paraguay y CANTV de Venezuela viven con aprietos financieros o de modernización, pero se encuentran en esa posición por la realidad político-económica de sus respectivos países, más no por la mera naturaleza de ser empresas estatales. Entel de Bolivia avanza por su mercado en una nación con un gobierno socialista, mientras que la Movistar de Colombia, con 32.5% de participación pública, reporta utilidades en una economía de mercado.

El caso chileno del plan de fibra óptica austral es otro ejemplo de cómo el Estado puede apoyar con políticas de subsidios a agentes privados en la ampliación de las redes de telecomunicaciones para conectar a las poblaciones más desentendidas, aun en un país que en las últimas décadas privatizó hasta los servicios más esenciales para las personas como es la sanidad.

“El ejemplo más exitoso podría ser el ICE de Costa Rica: es el operador público que más invierte en ese país y el que tiene una amplia participación de mercado. Antel de Uruguay ha tenido un éxito moderado y sus resultados financieros son decentes. CANTV de Venezuela y Etecsa de Cuba apenas implementan 4G, tienen fallas constantes, su rentabilidad es cuestionable y les pesa el tema de corrupción”, dijo Gerardo Mantilla, especialista de la consultora costarricense Artifex Consulting.

“El tema con las compañías de telecomunicaciones estatales no es su naturaleza, sino el nivel de protección del gobierno con el que actúan y la creatividad con la que puedan llevar cobertura y competir a los privados”, dijo Juan Gnius, analista en la consultora Telracom, especialista en el mercado mayorista.

Arsat, un mayorista de Internet por fibra óptica

En Argentina el operador mayorista Arsat, una sociedad anónima estatal, tuvo la misión de conectar 1,300 localidades. Su mancha de cobertura estaría sobre 800 poblaciones, cubriendo a unos 12 millones de argentinos. Sus ofertas de capacidad mayorista de internet han desatado una bajada en los precios para las poblaciones del interior argentino. Previo a su aparición por el mercado, el promedio de precios rondaba los 50 dólares por mega mayorista. Arsat lanzó ofertas desde 18 dólares por mega y hoy vende ese insumo en 10 dólares, haciendo más accesible el servicio para el consumidor final que lo compra a un operador de menudeo.

Su red troncal roza los 30,000 kilómetros de cables, mayoritariamente de fibra óptica y también cuenta con dos satélites y ha tenido además un acceso preferencial a las bandas de 700 MHz y de AWS para servicios móviles que nunca pudo lanzar al mercado, dijo Leticia Pautasio, editora de Telesemana. Arsat tiene un estimado de 600 empleados y Gnius recomienda tener cuidado en la contabilización de la infraestructura de este operador: si medir su extensión de red por número de kilómetros de cables de fibra tendidos o por número de hilos de la misma.

“Fue una decisión política darle espectro para servicio móvil que nunca ha lanzado y la construcción de su tercer satélite con nueva tecnología se estancó. Eso es un tema, pero los otros dos se construyeron aquí, lo que creó una suerte de cadena de valor y también tendió red donde no había cobertura. Arsat llegó con red, ayudando a la conectividad del país e impulsó los precios mayoristas a la baja, lo que hizo el acceso a internet más accesible y creó más gente conectada. Si es exitosa o no, o si consiguió plata o no, le toca medirlo a los gobiernos, pero, en resumen, es una red que llegó donde antes no estaba nadie y a su vez llevó baja de precios”, expone Juan Gnius, de Telracom.

CNT, el primero en los fijos de Ecuador

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) de Ecuador es resultado de tres empresas estatales desarrolladas a distintos tiempos, para diferentes mercados y con peculiar regulación de parte del Estado ecuatoriano. Es un sucesor de Pacifictel, de Andinatel y del brazo móvil de ésta. En la actualidad, esas tres compañías agrupadas en un mismo operador están en posibilidad de vender paquetes de cuádruple play. CNT es ya el número 1 en telefonía fija e Internet fijo; es tercero, de acuerdo con Telesemana, en el segmento móvil, con 2.7 millones de clientes móviles, pero 2.3 millones de esos usuarios reciben señal 4G-LTE.

CNT es rentable, dijo Patricia Falconí, especialista de la firma Prospectus, pero adolece en sus políticas de eficiencia por las alrededor de 10,000 personas que emplea, contra los 3,500 trabajadores de América Móvil vía Claro. Encima, una regulación privilegia a CNT en adquisición de espectro y otra política aprieta a los que crecen, lo que puede generar distorsiones del mercado.

“Es cierto: está siendo rentable, aunque esa rentabilidad no llega a la de una empresa privada. Hoy en día desde el gobierno se piensa en su venta o concesión. [...] Genera ganancias, pero desde otro punto de vista afecta a la competencia, porque por ser empresa pública no paga concesión de frecuencias”.

En Chile no hay estatales telecom

En territorio chileno, por política macroeconómica de Estado, se privatizaron distintas industrias, desde la energía hasta la sanidad. Ello no ha impedido que en lo que toca a internet un gobierno con visión de economía de mercado piense en políticas para conectar a los chilenos desconectados, dijo Pedro Huichalaf Roa, subsecretario en el regulador Subtel de Chile hasta 2016 y hoy reconocido observador de la industria latinoamericana de telecomunicaciones.

El Estado chileno construyó una política de subsidios con condiciones puntuales para aquellas empresas del sector privado con interés en participar en la ampliación y operación de redes. Así nació y recientemente se hizo verdad el proyecto de la fibra óptica austral. El plan era unir al extremo sur chileno, la región de Magallanes, con el resto del país y el mundo a través de redes submarinas y terrestres y para ello sonó una inversión de 100 millones de dólares y se aseguró además que el gobierno pudiera usar, eventualmente, capacidad de esa red para el transporte de datos.

“Con el subsidio estatal se obtuvo una red abierta, neutral y no arbitraria para que cualquier empresa pueda comprar y se reservó capacidad para el transporte de datos del Estado, incluso a un costo menor”, dijo Pedro Huichalaf, que además cita que el éxito de las empresas públicas de telecomunicaciones obedece a la realidad política, económica y social de cada país, por lo que cada proyecto “no debe medirse con la misma vara”.

Javier Morales Fhon, analista en telecomunicaciones de Perú y que ha seguido de cerca el cuestionado proyecto de la Red Dorsal de ese país, acompaña a Pedro Huichalaf en el sentido de que los resultados de las estatales o mixtas de telecomunicaciones deben analizarse a profundidad:

“Los argumentos para sustentar que las empresas privadas son mejores que las estatales son, entre otros, que éstas cuentan con una mejor información sobre las necesidades del mercado, porque se cree que en las estatales se terminan tomando decisiones burocráticas que dependen del partido en el gobierno. Y se entiende que las privadas tienen el objetivo central de maximizar ganancias, mientras que el gobierno persigue múltiples objetivos como ampliar cobertura, abaratar tarifas, maximizar empleo, pero todos estos objetivos muchas veces no son consistentes entre sí, porque cuando el gobierno es controlado por grupos de interés, los objetivos pueden ir contra el interés social”, por tanto, dijo Morales Fhon, cada caso debe analizarse de forma particular.

nicolas.lucas@eleconomista.mx