Gobierno se juega su Plan B eléctrico este martes en la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé analizar y resolver el este martes 5 de abril la presunta inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promovida por legisladores de oposición a su aprobación en marzo del año pasado, cuando en el Congreso se aprobaron los cambios que benefician para el despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de los privados, principalmente renovables. 

Las resoluciones de la Corte constituyen un proceso distinto a los 150 amparos interpuestos por empresas y organizaciones que cuentan con suspensiones al acto pero cuyos procesos están cancelados en tribunales especializados por ordenamiento de la Corte mientras se desahogan las controversias.  

También están en una dinámica distinta a la de la denominada reforma eléctrica, que se basa en la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados en noviembre pasado, buscando modificar los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, para darle predominio a la CFE sobre el despacho de energía, pero con otros cambios como la exclusividad del Estado sobre la explotación del litio y la disolución de los órganos reguladores energéticos autónomos.

Este proceso se lleva a cabo en el legislativo y tiene por objeto cambiar la Carta Magna para que los cambios previstos por la presente administración sean, obviamente, constitucionales. 

Este proceso avanzó ya con un dictamen de las comisiones para que el próximo lunes se discuta en lo particular y general y pueda pasar al Pleno primero de los diputados, para su envío al Senado, su retorno y su promulgación, en caso de que sea aprobado. Sin embargo, la dirigencia del PRI ya manifestó este lunes que su partido votará en contra, con lo que no se alcanzan los 334 votos para lograr la mayoría calificada, ya que entre los diputados que aprueban la iniciativa y descontando las licencias, faltan 57 votos que tendrían que venir de la oposición, según la propia dirigencia de Morena. 

Así que, aunque en agosto pasado la propia Corte otorgó el amparo a tres empresas para que no se aplique la Ley de la Industria Eléctrica, mismo que contó con efectos generales, también recibió las controversias y acción de inconstitucionalidad a que pueden acceder los organismos autónomos, gobiernos de los Estados y legisladores, por lo que resolverá al respecto. 

Por tanto, el máximo órgano judicial tiene prevista la resolución de dos controversias constitucionales: 44/2021 y 45/2021, así como la acción de inconstitucionalidad 64/2021, promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, y por diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, respectivamente.

Ambientalistas contra la ley

Por ello, los jóvenes miembros de la ONG aseguraron que estarán ahí para levantar la voz y exigir que las y los ministros pongan en el centro del debate las consecuencias negativas de la reforma para el medio ambiente. El sector eléctrico en México tiene el potencial de reducir de manera significativa las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. 

En conferencia de prensa, Nora Cabrera, abogada, cofundadora de Nuestro Futuro y parte del Movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro, señaló que la Ley de la Industria Eléctrica es inconstitucional por dos argumentos principales: “en primer lugar, porque viola el derecho a un medio ambiente sano y, también, porque va en contra de la transición energética en el sector eléctrico, que es una garantía constitucional para garantizar el derecho a un medio ambiente sano”. También señaló que no debemos olvidar que “el cambio en la temperatura del planeta está asociado con tragedia y muerte”. 

Además, el fin de semana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó a los ministros a que voten contra la validación de la Ley, recordando el precedente del acto de inconstitucionalidad fijado por la SCJN cuando la Cofece presentó una controversia en febrero de 2021 y, se invalidaron 22 disposiciones del Acuerdo de Política, Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, promovido por el Ejecutivo Federal.

En aquella ocasión, los ministros coincidieron en que la propuesta invadía las facultades de la Cofece debido a que no garantizaba el derecho a la libre competencia, pues daba mayores ventajas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Reforma cuestionada

• El Congreso de la Unión aprobó en marzo de 2021 la nueva Ley de la Industria Eléctrica, con lo que el Ejecutivo ordenó su publicación en el DOF y entrada en vigor.
• Dos empresas denunciaron afectaciones a sus derechos constitucionales a la libre competencia, por lo que un juzgado especializado en esta materia ordenó la suspensión provisional de la aplicación de la nueva ley, para escuchar los argumentos de la autoridad.
• El gobierno de Colima y la Comisión Federal de Competencia Económica interpusieron controversias y los legisladores de oposición una acción de inconstitucionalidad ante le Ley.
• La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció el amparo contra esta Ley en agosto pasado, cuando admitió también los instrumentos de los otros órganos de gobierno y definió que resolvería acerca de la constitucionalidad de la Ley.

karol.garcia@eleconomista.mx