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IFT descartó la operación MVS-Telcel en cálculos para subasta de la 2.5 GHz
Para el comisionado Adolfo Cuevas, es evidente que en las bases aprobadas por el IFT el 7 de febrero debieron considerarse entre los valores mínimos de referencia los montos de la operación MVS-Telcel.
Adolfo Cuevas Teja, comisionado del IFT, en imagen de archivo. Foto EE: Hugo Salazar
En las bases para licitar espectro en la banda de 2.5 GHz, el regulador de las telecomunicaciones descartó entre los valores mínimos de referencia considerar el monto que Telcel pagó a MVS por un bloque de 60 MHz en esa frecuencia en 2017, dijo el comisionado Adolfo Cuevas Teja. Haber dejado fuera esa operación, calificó Cuevas Teja, hará que las frecuencias a subastar en agosto próximo tengan un precio alejado a la realidad del mercado, además de que se trata de una acción que contraviene el mandato de la ley.
La fracción V del artículo 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), sobre el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento, prórroga de la vigencia o cambios en los servicios de las concesiones, obliga al regulador a considerar las "referencias del valor de mercado de la banda de frecuencia, tanto nacionales como internacionales". Para el comisionado Cuevas, es evidente que en las bases aprobadas por el IFT el 7 de febrero pasado debieron considerarse entre los valores mínimos de referencia los montos de la operación MVS-Telcel; en su momento el IFT informó que el trámite por los títulos costó 1,921 millones 428,781 pesos.
Las bases de licitación fueron aprobadas en lo general por unanimidad por los siete miembros del pleno, con el voto diferenciado y razonado de los comisionados María Elena Estavillo y Adolfo Cuevas, respectivamente. Los comentarios de Cuevas en esa sesión han sido los primeros en hacerse públicos.
MVS Comunicaciones y Telcel, de América Móvil, acordaron entre el último trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017 la compraventa de un bloque de 60 MHz de espectro a través de 42 títulos de concesión que MVS ostentaba desde los años noventa del siglo pasado. En 2017, al autorizar la transacción entre los operadores, el IFT aseguró que el monto calculado como pago sólo por los trámites era resultado de un análisis de mercado realizado por el regulador y un informe de la Secretaría de Hacienda en temas de espectro, además de datos económicos, poblaciones y un componente inflacionario.
El comisionado sostuvo que en la fórmula final con la que el IFT definió los valores económicos del espectro a licitar se descartó considerar como elemento esencial la operación de compraventa de los 60 MHz entre MVS y Telcel, por lo que esas frecuencias saldrán a subasta en agosto —conforme el calendario de las bases— con un precio alejado de la realidad del mercado.
“Aun cuando se menciona la operación (MVS-Telcel) como referente nacional del valor de la banda de 2.5 GHz, no se ve reflejado el ejercicio correspondiente en el cual se considere el monto pagado por la adquisición de los 60 MHz. Dicha transacción es simplemente descartada para efectos del análisis en el cual se determina el VMR, bajo el argumento de que sus valores no se estiman comparables. La operación, en tanto que incluyó la compraventa de una porción del espectro en la misma banda de frecuencias, debe considerarse como una referencia nacional de mercado para los efectos del cálculo del VMR”, argumentó el comisionado.
De acuerdo con la difusión de su voto diferenciado, el comisionado Cuevas Teja explicó además que las dos primeras obligaciones de cobertura establecidas en las bases de la licitación, las de tipo social, sujetarán a los concesionarios a llevar inversiones que Telcel no estará obligada a realizar por el espectro que en su oportunidad compró a MVS.
El comisionado inclusive comentó en su voto canalizado vía escrita al IFT que la inversión necesaria para dar cumplimiento a esas obligaciones representaría para los concesionarios el equivalente a entre el 43 y 51% del monto pagado por Telcel por su porción de 60 MHz en la 2.5.
“Esta obligación de cobertura social pudiera implicar costos excesivos para los concesionarios que resulten ganadores. En mi concepto, el monto de tal inversión podría en sí desincentivar la participación de concesionarios que poseen menor cobertura y favorecer a aquellos que cuentan con una mayor, lo que estimo no es consistente con la política que se manifiesta en el propio acuerdo (de licitación) de incentivar el acceso de nuevos entrantes a bandas de capacidad como la de 2.5 GHz”, dijo.
