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Minera Crystallex va por el control de Citgo tras fallo judicial en EU
El fallo de un tribunal del Distrito de Columbia podría permitir a la candiense Crystallex intentar embargar activos de Venezuela en Estados Unidos, como Citgo, la filial de refinación y comercialización de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Un tribunal en Estados Unidos falló a favor de una petición de la minera canadiense Crystallex para avanzar en una disputa contra Venezuela, por la que busca recibir una indemnización por una expropiación de 2008.
En marzo, una corte estadounidense había confirmado una decisión de un tribunal del Banco Mundial, que ordenó al país sudamericano cancelar unos 1,200 millones de dólares a Crystallex en compensación por la expropiación del proyecto aurífero Las Cristinas que ejecutó el gobierno socialista.
En su intento por garantizar el pago, Crystallex acudió a un tribunal del Distrito de Columbia, que decidió el pasado viernes darle permiso para tratar de hacer cumplir la sentencia en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, indicó el fallo del juez federal de primera instancia Rudolph Contreras, que abrió así la posibilidad a la minera de que pueda argumentar que los activos controlados indirectamente por Venezuela, como las refinerías de Citgo en Estados Unidos pueden ser confiscadas para el pago.
"Ahora podemos ir tras de cualesquier activos comercial perteneciente a Venezuela", dijo el abogado Robert L. Weigel, que representa a Crystallex.
Para reivindicar el control de Citgo, Crystallex aún tiene que probar antes tribunales de Estados Unidos que la refinería y su holding son brazos disfrazados del gobierno venezolano, o "alter egos", en términos jurídicos.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una petición de comentarios.
La minera canadiense, en paralelo, había iniciado acciones legales para impedir que PDVSA usara como garantía su participación en Citgo al pedir préstamos, tras considerar que con ello intenta evitar pagar la compensación en la disputa.
Venezuela enfrenta una veintena de litigios por la ola las expropiaciones que ordenó hace unos años, pero sus equipos legales buscan retrasar los pagos, en medio de la recesión económica y la inflación de tres dígitos que vive el país.
