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¿Qué tan solidarias son Telcel, AT&T y Movistar con los mexicanos en tiempos del coronavirus?

Los tres gigantes del sector móvil aceptaron ofrecer 100 minutos y 150 SMSs gratuitos para los usuarios mexicanos más necesitados, pero en otras naciones de América Latina las compañías del sector difieren los pagos del servicio y ofrecen acceso a datos o televisión restringida.

Las compañías que prestan los servicios de telecomunicaciones están siendo cuestionadas por el tamaño de su solidaridad con los usuarios mexicanos mientras perdura la emergencia sanitaria ante la pandemia de coronavirus en el país.

En un país cuya economía apunta a desfundarse hasta 6.6% en 2020 por causa de la pandemia, las compañías del sector ya advierten todo tipo de riesgo y ayudan conforme sus posibilidades. Empresas del sector fijo como Izzi Telecom, Megacable y Telmex han garantizado la continuidad de servicio, en tanto que cableros locales prometen servicio y acceso a canales y otros medios educativos del gobierno, aún para clientes con impagos.

En radiodifusión, los canales públicos Once, Catorce y la radio pública Imer y Radio Educación se han sumado con programaciones dirigidas a escolares o para ofrecer información oficial sobre el avance de la epidemia.

Por su parte, los tres grandes operadores del sector móvil que al tercer trimestre de 2019 atendían al 98.1% de las 121.4 millones de líneas celulares en activo y que entre los tres captaron poco más de 75,000 millones de los 122,426 millones de pesos que generó todo el sector en México esa vez, convinieron con las autoridades la configuración de un paquete especial de servicio para los usuarios de prepago, considerados como los más necesitados del servicio por su nivel de poder adquisitivo.

Ese paquete de “emergencia” incluye una cuota única de 100 minutos de voz y 150 mensajes de texto en tanto la declaratoria del aislamiento de personas en hogares y el teletrabajo ordenado por el gobierno se mantiene, primero para al 20 de abril como fecha límite, luego al día 30 siguiente y posiblemente extendido después, hasta mayo por el avance de los contagios de coronavirus en México.

Las compañías ya habían abierto por iniciativa propia el acceso sin costo a sitios de gobierno con información del coronavirus y prometido la realización de llamadas sin cargo a números de emergencia como el 911. Sin embargo, diversos planes de prepago ya ofrecen minutos ilimitados de voz cuyos costos son accesibles para muchos de los más desprotegidos y de acuerdo con informes trimestrales del regulador mexicano de telecomunicaciones, los usuarios de aquí cada vez consumen más datos que voz o mensajes de texto.

Como mero ejemplo, en el tercer trimestre del 2018 y en el tercero de 2019, los últimos datos comparables, el consumo promedio de minutos de voz al mes por usuario fue de 213 minutos en ambos trimestres. En contraste, todos los operadores del sector móvil cursaron 584,636 terabytes de datos en el tercer trimestre de 2018 y un año después, el tráfico subió a más de un millón de teras; a 1 millón 065,527 terabytes.

En México, la Constitución política del país garantiza el acceso a internet como un derecho en su artículo sexto, luego de la reforma sectorial del año 2013.

De ahí también algunos de los cuestionamientos sobre el grado de cooperación de los operadores móviles con los mexicanos, que en análisis poco profundos obedecería a que Movistar y AT&T enfrentan retos financieros en el país; que Altán Redes, que también se sumó a los apoyos, no ha alcanzado la rentabilidad financiera pero augurada para el 2021 y porque el 83% de todas las líneas celulares en México pertenecen al segmento del prepago; aún para Telcel, que 62.5 millones de sus 76.91 millones de usuarios al cierre de diciembre de 2019 eran clientes de prepago.

En otras naciones del continente, los reguladores y los ministerios nacionales de comunicaciones exhibieron en las últimas semanas su poder negociación y maniobraron para hacer que las empresas del sector cooperaran con un abanico más grande de apoyos para los usuarios y a cambio, para ellas los gobiernos prometieron rebajas, cancelación o postergación en pagos de impuestos, entre otras distintas acciones.

“Las empresas podrían, durante un tiempo, solidarizarse con la situación. No se está buscando que se entreguen gratis los servicios, sino que se establezcan algunas medidas que beneficien a las personas que están en un momento de mayor consumo, porque están en su casa. Y porque mucha gente queda desempleada o no recibe todo el sueldo, por lo tanto puede verse afectada la continuidad de los servicios que tienen contratado (…) Es el momento de solidaridades y al mismo tiempo, que no todo sea gratis, pues que se entienda que son medidas excepcionales por un tema como la pandemia”, comentó Pedro Huichalaf Roa, exsubsecretario en el regulador Subtel de Chile.

Rodrigo Ramírez Pino, exviceministro de telecomunicaciones de Chile, platicó que el grado de apoyo de las empresas del sector a los consumidores deriva también del tipo de marco regulatorio aplicable en cada nación, pues en algunos países el acceso a la telefonía o internet no es considerado como un servicio de acceso obligatorio, público o básico, o donde empresas del Estado mantienen monopolios en algunos servicios, en tanto que para la infraestructura debe analizarse si ésta es suficiente para soportar la demanda de servicio en una situación así y si la política regulatoria de cada Estado abona a una prestación eficiente del servicio, pues en demasiadas ocasiones se regula post emergencia.

Países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú o Venezuela son ejemplos dignos de cómo pusieron en el centro a sus usuarios de telecomunicaciones, aunque cada uno de esos países cuenta con una población de diferente tamaño y vive realidades económicas, sociales y regulatorias distintas a lo que vive México en todos esos campos:

  • Argentina

Durante 180 días naturales, los operadores de TV, internet y telefonía no podrán desconectar del servicio a los usuarios que se retrasen en sus pagos. Los usuarios recibirán bonificación de datos consumidos en servicios de educación a distancia durante un mes.

  • Brasil

Analiza disponer de 600 millones de reales (2,700 millones de pesos) para entregar “cupones de conectividad” válidos por 180 días naturales a los usuarios de menores ingresos durante la pandemia y permitir que las compañías de telecomunicaciones transfieran a las autoridades hacendarias hasta en 24 meses los impuestos recaudados por la prestación de servicios.

  • Chile

Congelamiento por tres meses del recibo de internet y telefonía fijos, para pagar a seis meses después sin cargos o intereses. Un plan gratuito de internet fijo de 2 megas de velocidad por dos meses o una bolsa de 2 gigas para usuarios móviles que demuestren pertenecer al 40% de la población chilena más necesitada.

  • Colombia

Congela impuestos de IVA por un valor de 18.4 dólares a ciertos planes de prepago y pospago durante cuatro meses, y promete desburocratización de trámites para acelerar la construcción y mantenimiento de redes de telecomunicaciones por todo el país.

  • Perú

Permite que los usuarios realicen pagos fraccionados de sus servicios durante doce meses y las empresas deben evitar intereses y otro tipo de cargas. El gobierno desplegó el programa “Aprendo en casa”, con señal educativa por internet, radio y televisión abierta por todo el territorio nacional en tanto persista la emergencia por el coronavirus.

  • Venezuela

Prohíbe desconexión del servicio por impagos durante la contingencia sanitaria y extiende de uno a tres meses los pagos de recibos por consumo, pasada la emergencia.

kg

Periodista de negocios para El Economista, con especialidad en telecomunicaciones e infraestructura. Es licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM, con estudios posteriores en el ITESM Campus Ciudad de México, el ITAM y la Universidad Panamericana. Fue colaborador en Grupo Radio Centro, Televisa, El Financiero y Alto Nivel, entre otros. Ha sido moderador en los congresos internacionales de Futurecom y NexTV Latam; y también citado en el “Estudio sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México, 2017” de la OCDE, y en distintos informes sobre espectro radioeléctrico de la GSMA y de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet).

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