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Van con amparo contra nueva ley para radios comunitarias
La reforma a las telecomunicaciones obligan a las radios comunitarias a no comercializar su tiempo aire para allegarse de recursos extras por lo que dos asociaciones, al menos, prevén presentar un amparo por interés legítimo.
La Amarc y la Amedi analizan presentar un amparo por interés legítimo en contra de la ley de telecomunicaciones, en función de una posible discriminación en contra de las radios comunitarias que les impide comercializar su tiempo aire.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) analizan utilizar los recursos legales a su alcance para echar abajo las medidas de la reforma a las telecomunicaciones que obligan a las radios comunitarias a no comercializar su tiempo aire para allegarse de recursos extras para mantener sus operaciones.
La Amarc presentará un amparo por interés legítimo en contra del apartado del Título IV de la ley secundaria de la reforma constitucional, particularmente en contra del Artículo 67 en materia del uso social del espectro, que obliga a las radios comunitarias a no operar estas frecuencias con fines de lucro, por lo que este tipo de estaciones de radio deberán a atenerse a los recursos que provengan del erario.
La Amedi, por su parte, presentará la próxima semana un exhorto para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pueda promover una controversia constitucional en contra de esta medida y otras que afectan directamente a las radios comunitarias y los medios públicos en materia de ingresos.
Para echar atrás el Artículo 67 de la ley de telecomunicaciones se cuenta con tres mecanismos. Que organismos como la Amarc o la Amedi presenten amparos por interés legítimo, que una fracción política, el 33% de los legisladores, en la Cámara de Diputados o el Senado de la República o que el Instituto Federal de Telecomunicaciones presente una controversia constitucional.
FOTOGALERÍA: Así se discutió la reforma de telecom.
De quedarse la ley como fue aprobada y promulgada, la nueva cadena de televisión pública, que el Estado pretende crear, quedará igualmente atada de nacimiento al presupuesto público y se correrá el riesgo de que la independencia editorial de ese nuevo medio de comunicación quede comprometido, expuso Agustín Ramírez, director de la Amedi.
La Amarc ya está pensando cómo presentar un amparo por interés legítimo, en función de discriminación al exigirle a los medios comunitarios a que solamente puedan comercializar al gobierno federal, estatal y municipal, porque este es un mecanismo que limita su independencia editorial y que los recursos que reciban estén alineados en función de los intereses gubernamentales , comentó Agustín Ramírez.
La interposición del amparo enfrentará un nuevo rechazo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), porque los concesionarios verán afectados sus intereses en caso de que a las radios comunitarias se les permita comercializar su tiempo aire.
La CIRT ha venido rechazando desde comienzos de año que los medios sociales puedan comercializar sus tiempos.
Para ser consistentes con lo que establece nuestra Constitución, el Congreso debe tener en cuenta que al permitir a las estaciones sociales que comercialicen, les otorgaría una ventaja competitiva en el mercado en detrimento de las concesiones comerciales , dijo la CIRT en mayo pasado.
El escenario es adverso, aceptó la Amedi, pero el recurso legal se presentará.
No será de lo más sencillo. Se ven posibilidades limitadas; se tendrá que informar a los terceros perjudicados (concesionarios). Pero no hay que dejar de intentar, porque dejaron a los medios públicos con las posibilidades limitadas, sólo con patrocinios , añadió Agustín Ramírez.
Depender del gobierno es una desventaja, pues por un lado puede dar paso a la autocensura y por otro, puede frenar iniciativas que podrían generar más dinero que lo que reciben de fondos públicos , comentó José Otero, presidente de la consultora Signals Telecom.
La nueva legislación tampoco aclara cómo se conformará la nueva de cadena pública de televisión. La ley deja entrever que deberá haber una coordinación con las señales del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA).
Por tanto, hay más incertidumbres sobre cuáles serán los mecanismos para la nueva cadena. Será como una especie de conglomerado que redistribuya las señales públicas y tampoco se sabe cómo se allegará de ingresos , mencionó Agustín Ramírez.
Se estuvo lidiando durante varios meses sobre el tema y ahora, las radios comunitarias y los demás medios públicos tendrán que buscar un margen de acción. Tendrán que ser muy responsables para contar con recursos Víctor Pavón-Villamayor, presidente ejecutivo de Oxford Competition Economics.
mac