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Asociaciones con privados enfrentarán reto de presupuesto: expertos
Dada la nueva preponderancia pública, la expansión de la inversión privada estará sujeta a la disponibilidad de recursos públicos para emprendimientos conjuntos.
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La política energética tiene que ir de la mano con la postura que México
La nueva legislación en materia energética tendrá el gran reto de depender en muchos aspectos del presupuesto público que será limitado y será un factor que definirá la participación de privados, quienes ya tendrán certeza jurídica sobre sus actividades, aunque los detalles estarán en la discusión del Congreso, que tiene a su vez la oportunidad de incluir a todas las voces implicadas en la discusión, dijeron expertos en el sector a El Economista.
El abogado Óscar Moreno, socio del despacho jurídico Pérez-Llorca en el área de Energía, Proyectos e Infraestructura, consideró positivo que existirá participación privada y que, aunque tendrá topes, ya contará con certeza jurídica de sus alcances.
Pero el reto, que no era precisamente materia de esta presentación, estará en los detalles de las leyes, particularmente en lo que se refiere a la aplicación y disposición de los recursos presupuestales, porque entonces se sabrá si los privados tienen mayores o menores áreas de oportunidad.
“Veremos cómo se garantiza el flujo de efectivo y cómo se asigna a proyectos prioritarios, esto será fundamental”, dijo, “también necesitamos estar atentos a los plazos para las actividades, que no fueron materia de la presentación que se hizo, pero que tendrán impactos muy importantes en el éxito del nuevo marco energético”.
A su vez, Carlos Vallejo, socio fundador de QUA Energy, explicó a El Economista que el anuncio de la nueva legislación refleja una buena intención de reacción rápida del gobierno ante las necesidades de inversión que hay sobre el sector. Sin embargo, falta que las Cámaras de diputados y Senadores, una vez que comience la discusión legislativa, mantengan este ritmo y sensibilidad en el tema.
Por otra parte, el experto consideró que, aunque hubo ya un par de foros de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo, si en verdad se trata de una reforma que busca dar un carácter social a la energía en México, será necesario que se discuta nuevamente, ahora frente a los legisladores, la postura del empresariado no sólo dentro de las grandes cámaras que cuentan con cabilderos, sino de la sociedad civil, la academia, y todos los implicados posibles en los cambios que se llevarán a cabo.
“El gobierno tiene la gran oportunidad de mostrar que en efecto busca implementar cambios a ras de piso, acercar a la población y dar a conocer lo que es la energía y cómo impacta sus vidas, en un país donde todavía hay quienes utilizan leña como energético primario, hablar de justicia energética se debe tratar de inclusión de todas las voces”, aseguró el especialista.
Nueva Comisión Nacional de Energía
Respecto a la nueva Comisión Nacional de Energía que otorgará los permisos a los regulados, consideró que será el perfil de los nuevos funcionarios lo que reflejará si se buscan los cambios con la dirección que se ha planteado.
“El gobierno de la doctora Sheinbaum tiene la oportunidad de proponer funcionarios que tengan conocimiento y experiencia amplios, que no sean únicamente puestos ahí para llenar una terna y que ya haya uno dirigido como pasó en el sexenio pasado. Esto le dará carácter a las decisiones que se tomen, sin importar si está o no dentro de la Secretaría de Energía”, aseguró.
Y el director de Socios Comerciales de la empresa mexicana de almacenamiento de energía, Quartux, Fabián Ríos, dijo a su vez que al impulso que se ha visto para esta actividad disruptiva en los últimos años se suma el diseño de esta nueva legislación en la que se aclara la participación de los generadores de energía, pero también se dejará claro cómo se podrá almacenar en el sistema, que es el área de negocio de la empresa.
“Nosotros esperamos tener crecimiento para los siguientes años, tenemos cada vez mayor claridad de las necesidades de demanda de energía del país y vemos que las nuevas propuestas de legislación secundaria se adaptan a nuestra visión”, dijo a El Economista.
La reforma constitucional en materia de industrias estratégicas, promulgada a finales de octubre del 2024, establece un plazo de 180 días para la emisión de las leyes secundarias correspondientes; las iniciativas presentadas ayer deberán ser discutidas ahora en el legislativo.