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Coparmex advierte que México ha caído en una "crisis constitucional"

José Pablo Ramos Castillo, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco, hizo énfasis en los riesgos que implica la reforma al Poder Judicial.

El Poder Legislativo no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que el Poder Judicial viole el marco constitucional y pretenda detener la instrumentación de la reforma judicial, afirmó Gerardo Fernández Noroña. 

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Ilustración EE:Nayelly Tenorio

México entró a una fase de “crisis constitucional”, y de no acatarse la resolución del máximo tribunal de justicia este martes, se agravará con riesgos en la economía nacional, e impacto en menor inversión y generación de empleos, advirtieron la Coparmex y la Barra de Abogados.

Por el nearshoring se tenía estimado la llegada de al menos 35,000 millones de dólares en nuevas inversiones, sin embargo, la incertidumbre que prevalece por la falta de Estado de derecho ha provocado que esos capitales se ahuyenten a otros países, afirmó José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), junto con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco, reafirmaron su compromiso con la defensa del Estado de derecho y la protección de la Constitución, por lo que presentaron un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Este recurso jurídico enfatiza los argumentos técnicos y legales necesarios para proteger la independencia judicial en México, en un contexto donde las reformas al Poder Judicial suponen un reto profundo para el equilibrio de poderes”, indicó.

En conferencia de prensa, el presidente del Comité Jurídico de Coparmex, Marcos del Rosario Rodríguez, señaló que al menos 15 de las 18 reformas constitucionales que integran el llamado Plan C del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y que mantiene la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, trasgreden el Estado de Derecho y tendrán afectaciones directas en los tratados internacionales que mantiene México, incluido el T-MEC, cuya revisión está proyectada para el 2026.

“Ya estamos en una crisis constitucional desde el momento en que un poder no acata lo que otro poder mandata, entonces pues estamos en ese momento crucial para nuestro país y que pues no se exige tomar por posturas y convertir digamos estas comisiones acciones contundentes; estamos estimando 35,000 millones de dólares inversiones extranjera nueva que es la que no llegaría”, dijo el dirigente empresarial.

Invitó a la ciudadanía a sumarse al recurso de Amicus Curiae para coadyuvar en el análisis sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que plantea invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial y confió en que se tome en cuenta por los ministros de la Corte.

José Pablo Ramos Castillo, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco, hizo énfasis en los riesgos que implica la reforma. “Este documento tiene como finalidad coadyuvar en el análisis de los medios de control constitucional interpuestos para invalidar la reforma constitucional en materia judicial. La referida reforma presenta implicaciones profundas y riesgosas para el marco institucional de nuestro país. En particular, plantea amenazas claras contra la independencia judicial, afecta la división de poderes al debilitar los contrapesos que garantizan el equilibrio y la autonomía de cada órgano del Estado”, comentó.

“Ya estamos en una crisis constitucional que se puede agravar… el simple hecho de que no se hayan acatado los amparos previos, es decir no hay ánimo de cumplir los mandatos de la Corte y eso nos pone en grave crisis constitucional y ausencia de estado de derecho. Nos pone en una situación inimaginable y eso ahuyenta la inversión”, aseveró Marcos del Rosario.

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