Sheinbaum frena la licitación 5G de México; se politiza la subasta del IFT

La licitación de espectro radioeléctrico para servicios de quinta generación (5G), la primera en la historia de las telecomunicaciones de este país, ha entrado en una etapa de incertidumbre a menos de un mes de su arranque formal, el lunes 27 de enero de 2025, y después de casi seis años de planeaciones y discusiones entre autoridades y empresas del sector por su llegada a buen puerto.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que su gobierno promoverá la cancelación de la llamada Licitación IFT-12, un proceso mediante el cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) planea, al menos hasta hoy, el concurso de 2,223 lotes de frecuencias para servicios de 4G y 5G con alcance nacional, regional y local.

El gobierno federal de México anunció dos movimientos para frenar la IFT-12. Primero, intentará que el pleno de cuatro comisionados del IFT decida suspender la subasta. Segundo: la Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, promoverá una medida legal para cancelar la licitación en las siguientes dos semanas.

El jueves 19 de diciembre pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció el arranque de la primera subasta 5G de México, en un contexto de extinción de los órganos autónomos y de asfixia particular para el IFT por un recorte presupuestal del 70% que ya lo ahoga financieramente en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y el pago de sueldos a sus pocos más de 1,300 trabajadores.

Para la presidenta de México —en el contexto de la reforma constitucional de simplificación administrativa de nivel federal—, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no debió anunciar al mercado el inicio de la IFT-12, por el hecho de que es una autoridad reguladora que ha sido extinguida junto con otros órganos autónomos.

Esto, si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones todavía cuenta con atribuciones para regular asuntos de competencia económica en telefonía, Internet, radio, televisión, servicios satelitales y otros sectores, y para vigilar también el buen uso del espectro, conforme la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y en tanto el Congreso se tarde en diseñar las leyes secundarias que pondrán fin definitivo al IFT.

“Quisieron dar un albazo. Imagínense: licitando todo lo que queda del espectro. No se puede permitir eso, porque la decisión es del Estado mexicano. No es la decisión de unas cuantas personas que son parte hoy del IFT, que molestas quisieron dar este albazo. Entonces, no va a proceder (la IFT-12). Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que no proceda, porque no es correcto. Abrieron la licitación de todo lo que queda de la banda”, dijo la presidenta de México.

Las frecuencias que el IFT lleva a concurso en la Licitación IFT-12 estaban previstas desde el Programa Anual de Bandas de Frecuencias (PABF) del año 2023.

Pero el último enunciado de la presidenta de México podría ser la clave por la que ahora el gobierno federal va con la marcha atrás de la IFT-12.

La banda de 2.5 GHz podría ser el factor por el que la IFT-12 tomó hoy un tinte político, pues ese espectro, compuesto por 40 Megahertz de ancho de banda y con alcance nacional, es un paquete fabuloso de frecuencias con el que cualquier operador nuevo o ya establecido, mexicano o extranjero, podría crear una nueva red celular a nivel nacional en México, o para reforzar una red ya establecida y evolucionarla a una red 5G.

Este espectro en particular es codiciado por la empresa Altán Redes, un ente público-privado en el que el mismo gobierno federal es el accionista mayoritario. Altán llevaba meses buscando la manera para acceder a estas radiofrecuencias, pero mediante una figura legal distinta a la de licitación pública y la compraventa de espectro por medio del mercado secundario, como respalda la LFTR al IFT y las empresas.

Altán buscaba acceder a ese espectro gracias a un artículo decimoséptimo transitorio de la Constitución, que permite el acceso no discriminatorio a las frecuencias de 700 MHz y de 2.5 GHz para su aprovechamiento eficiente. Esto significa que gracias a esa posibilidad, Altán accedería a frecuencias de 2.5 GHz, las mimas que usan Telcel y AT&T, prácticamente de manera gratuita.

Altán Redes ya utiliza espectro en los 700 MHz, que también explota bajo un régimen especial y por el que paga menos dinero al Estado, y si ahora mismo se hiciera con espectro de 2.5 GHz, podría desarrollar una red celular de 5G.

El IFT, sin embargo, decidió llevar a concurso esos 40 MHz de ancho de banda de la 2.5 GHz, por lo que Altán, si mantiene interés en ese espectro, deberá competir a Telcel y AT&T y otras potenciales empresas interesadas la tenencia de esas frecuencias en particular.

Altán no está impedida para entrar a la IFT-12, incluso desde su primera etapa. Su obstáculo está en su nivel de recursos financieros, pues recién ha salido de un concurso mercantil por el que incluso también la Secretaría de Hacienda le ha permitido abonar más tarde sus pagos por uso de espectro, cuando Hacienda no se lo ha permitido a otras empresas, como a Telefónica Movistar, que ante ese tipo de negativas resolvió devolver todas sus bandas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones se comunicó que esa autoridad sectorial anunciará próximamente una posición oficial sobre las declaraciones de la presidenta:

“Se trata de un tema que deberá discutir el pleno del IFT y en su momento informaremos sobre la decisión. Sobre la Licitación IFT -12, la postura e información se puede encontrar en el comunicado emitido el 19 de diciembre”, dijo la oficina de prensa del IFT.

El 10 de enero de 2025 tiene previsto el IFT realizar su primera sesión de plenos para ese año.