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En Nuevo León se iniciaron este año 3,089 investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción; sólo 2% se judicializó: IMCO

En el estudio “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción", realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL, destaca que si bien hubo un incremento significativo en las investigaciones iniciadas en Nuevo León respecto a 2020, sólo  tres se han vinculado a proceso y una tiene sentencia condenatoria.

Foto: Curatoscuro

Foto: Curatoscuro

Monterrey, NL. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León, en 2022 tiene un nivel de cumplimiento de las Fiscalías Anticorrupción del país como regular. Si bien tiene 3,089 investigaciones iniciadas, sólo están determinadas 89, determinadas por archivo temporal 1,117, judicializadas 54 o sea el 2%, tres vinculadas a proceso y una con sentencia condenatoria.

Así lo indica el estudio “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL. Las solicitudes de información se realizaron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, según el documento.

En la primera edición de este reporte en 2020, el estado tuvo 281 investigaciones iniciadas, de ellas se determinaron 33, otras 50 se determinaron por archivo temporal, dos se judicializaron, hubo investigaciones por vinculación a proceso en 2 casos y 1 sentencia condenatoria.

Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco determinaron el mayor número de investigaciones iniciadas mediante archivo temporal. Este tipo de determinación se da para casos en donde no existe información suficiente para esclarecer los hechos o de la persona que participó, “pero no es idónea en casos de posibles hechos de corrupción ya que no resuelve los casos”, sentenció el estudio.

Nuevo León tiene 3,089 investigaciones iniciadas y 1,117 determinadas mediante archivo temporal, lo que representa el 36% de las investigaciones.

La investigación del IMCO y TOJIL consta de cuatro ejes: marco jurídico, recursos, capital humano, procesos y resultados.

Nuevo León cumple con el fundamento legal para su creación, tiene un fiscal autónomo, una Ley orgánica, sin embargo, no cuenta con un reglamento interno, ni con protocolo de investigación de delitos de corrupción, ni con protección para preparar al personal para las audiencias.

El estudio registró los datos de 25 entidades federativas, de ellas, quienes no tienen una fiscalía Anticorrupción autónoma son: Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Sinaloa,  Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, “lo que implica un riesgo en la imparcialidad y objetividad en tanto la persecución de los delitos depende directamente del fiscal del estado”, recalcó el estudio.

Por otra parte, ninguna fiscalía estatal de las reportadas, cuenta con protocolos para preparar al personal para audiencias. “Esto puede afectar el desempeño de los servidores públicos durante las audiencias y evitar la resolución de los casos”, enfatizó.

De acuerdo con el nivel de cumplimiento en la asignación de recursos para la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, ésta pasó de regular a deficiente, entre 2020 y 2022 y no tiene independencia presupuestal.

“La falta de recursos impacta de forma directa en la operación de las fiscalías, sin dinero no pueden realizar sus labores, no se pueden abrir ni pagar plazas o realizar actos de investigación o peritajes”, recalcó el reporte.

Conclusiones

“Aunque las Fiscalías Anticorrupción son un eje central del entramado institucional que conforma los sistemas locales anticorrupción, las entidades federativas no han logrado consolidarse para que puedan prevenir, investigar y, en su caso, sancionar penalmente a las y los responsables de cualquier hecho de corrupción”, destacó el reporte.

IMCO y TOJIL indican que el panorama nacional no es alentador, la mayoría de las Fiscalías de Anticorrupción no cumplen con los requisitos mínimos para su operación, debido a que las autoridades se concentran en realizar reformas y adecuaciones para crear las instituciones, más allá de perseguir los objetivos de ésta.

En términos generales, “persiste la falta de normatividad básica para la operación de estas instituciones; la mayoría dependen de lo que hagan o no las Fiscalías Estatales; se conciben, hasta cierto punto (en algunos casos mucho más evidente que otros) como un área dentro de la fiscalía general y no como una institución independiente y autónoma”.

kg

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