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Estados, sin orden en contabilidad gubernamental

Sólo la mitad de las entidades federativas ha sentado los fundamentos necesarios para un presupuesto basado en resultados.

Pese a que la Ley General de Contabilidad Gubernamental obliga desde el 2010 a los estados de la República a elaborar un presupuesto basado en resultados y a contar con sistemas de evaluación del desempeño, sólo 16 entidades federativas han iniciado con los procesos para su implementación y llevan cierto grado de avance, mientras las otras 16 apenas van a comenzar.

La Asociación Mexicana de Gasto Público (Ameg) advirtió que de no concretarse a la brevedad una reforma de la gestión del gasto público, así como del proceso de armonización contable entre las haciendas federal, estatal y municipal, México corre el riesgo de una crisis fiscal .

Si no generamos una reforma tributaria en los próximos 10 años, vamos a tener un problema de crisis fiscal. La Federación ya tiene su reforma, los gobiernos de los estados en este contexto tienen que hacer su reforma también , alertó Eduardo Gómez de la O, presidente de Ameg.

Explicó que dicha reforma tiene que ver con una legislación a nivel de estados, cada uno de los cuales debe realizar ajustes legales para incorporar en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el tema de las reglas macrofiscales relacionadas con los niveles de déficit, endeudamiento y con los montos que debe tener como máximo un presupuesto en términos del pago a servicio de la deuda.

CON 96% COMPROMETIDO

El Presidente de Ameg advirtió que los candidatos que lleguen a las gubernaturas de los estados enfrentarán presiones de gasto, debido a que 94% de su presupuesto ya está comprometido para el gasto corriente y sólo podrán disponer de 6% restante para cumplir sus promesas de gobierno.

El Presidente del órgano técnico citó entre las principales presiones de gasto, que también enfrentará el próximo Presidente de la República, el costo del mantenimiento de la infraestructura, el crecimiento de la cobertura educativa, los gastos catastróficos por el cambio climático y el Seguro Popular.

Para dimensionar los retos, Gómez de la O mencionó que el país requerirá al menos 100,000 millones de pesos para operar el Seguro Popular en las entidades, a quienes el gobierno federal pasó la responsabilidad de varios temas, como salud, educación y medio ambiente, mediante un proceso de descentralización pero sin entregarles los recursos correspondientes.

Guadalajara será sede del Seminario Internacional de Presupuesto Público número 39, a celebrarse del 23 al 27 de abril. Se espera la participación de 600 funcionarios de los tres niveles de gobierno de los países de la Asociación Internacional de Gasto Público.

promo@eleconomista.com.mx

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