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Financiamiento de partidos políticos, con reducción de 50%
El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, propuso reducir 50% el financiamiento público de los partidos políticos, con el objetivo de que esos recursos se destinen a programas sociales.
El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, propuso reducir 50% el financiamiento público de los partidos políticos, con el objetivo de que esos recursos se destinen a programas sociales.
Para ello, remitió al Congreso del estado la correspondiente iniciativa de reforma, a fin de que los legisladores locales la retomen y la hagan llegar al Congreso de la Unión, y así se analice la posibilidad de reformar el artículo 41 de la Constitución política del país.
En el 2016 fueron destinados, para el financiamiento público de los partidos políticos nacionales, un total de 3,953.7 millones de pesos y para el presente año 4,059.2 millones de pesos, de conformidad con la fórmula establecida por el referido artículo constitucional , indicó José Ignacio Peralta.
Cambio en la fórmula de financiamiento
En ese contexto, recordó que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos se fija anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El sistema de financiamiento a los partidos políticos debe acotarse y adecuarse a la realidad económica y social que impera en nuestro país, que dé como resultado un financiamiento mesurado y apegado a una política de austeridad para todos los órdenes de gobierno de la nación , precisó el gobernador.
En su iniciativa, Peralta Sánchez propone establecer que el financiamiento público de los partidos políticos se fije anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 33% del valor diario de la UMA, es decir, 50.76% menos de lo que reciben actualmente.
Bajo ese tenor, el gobernador de Colima reiteró también su respaldo al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.
Con este acuerdo, el Poder Ejecutivo federal busca generar mecanismos que impulsen la estabilidad económica y social del país, la inversión, el empleo, el ingreso y bienestar de las familias mexicanas .
