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Niegan amparo a Amalia García
El contralor del gobierno de Zacatecas, Guillermo Huizar, informó que cuatro funcionarios de la anterior administración, entre ellos la ex mandataria Amalia García, solicitaron un amparo contra el presunto desvío de recursos, pero éste les fue negado.
Zacatacas.- El contralor Guillermo Huizar señaló que sólo cuatro de los 13 ex funcionarios investigados por presuntos desvío de recursos en la pasada administración amalista se ampararon.
Indicó que una de estas personas es la ex gobernadora Amalia García y aclaró que a las cuatro personas les fue negado el amparo de suspensión, por lo que los procesos de investigación y plazos para que justifiquen sus acciones continúan.
Ante esta situación, aclaró que la próxima semana vence el plazo de 15 días dados a los ex servidores públicos, para que presenten las pruebas correspondientes.
Las solicitudes de la instancia estatal son para la aclaración de tres renglones principales.
Se trata, dijo, del préstamo solicitado por el gobierno amalista a Banamex, cuya omisión de pago generó graves consecuencias económicas al erario, los créditos dados a particulares y las ampliaciones presupuestarias a dependencias estatales, sin sustento financiero.
Asimismo, derivado de diversas auditorías, la Secretaría de la Función Pública encontró desviación de recurso, por lo cual solicitó al gobierno zacatecano la devolución de 600 millones de pesos, que sí fueron aplicados, pero no en las áreas determinadas.
Debido a esto, manifestó que el gobernador Miguel Alonso negocia con la federación para que el estado no tenga que devolver este dinero, que no tiene, y cuyo acuerdo parece ir por buen camino.
Huizar Carranza recordó que al inicio del actual gobierno priista se efectuaron 23 auditorías a la administración pública de Amalia García Medina, donde se encontraron irregularidades en la aplicación de mil 500 millones de pesos.
Ante esa situación, la Contraloría se dio a la tarea de solicitar a 13 responsables de las áreas, que presentaran las justificaciones correspondientes de su actuar.
En respuesta, la ex mandataria perredista demandó en el Distrito Federal al gobernador Miguel Alonso, al procurador Arturo Nahle y al contralor Guillermo Huizar, por daño moral.
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