Lima se suma a protestas en Perú para reclamar renuncia de presidenta Boluarte

Colectivos izquierdistas anunciaron para este jueves movilizaciones en Lima para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas, como parte de las protestas que dejaron al menos 42 muertos en un mes, con focos importantes en zonas andinas como Cusco, meca del turismo.

"Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista", dice la consigna en redes para la marcha de Lima convocada por un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda.

Las protestas entran a su segunda semana consecutiva tras una tregua por fin de año y son promovidas por sectores radicales y gremios campesinos que exigen también justicia para los deudos y sanción para los responsables del uso desproporcionado de la fuerza.

El jueves el país amaneció con bloqueos en 10 de las 25 regiones del país, afectando a ciudades como Tacna, en la frontera con Chile; Puno, Cusco, Arequipa y Madre de Dios, entre otras, detalló la Superintendencia de Transporte Terrestre.

Las concentraciones se reanudaron en Arequipa, Tacna y Cusco, mientras que en Puno, epicentro del movimiento, se prevé el entierro de 17 de los fallecidos tras choques el lunes con las fuerzas del orden en la ciudad altiplánica de Juliaca.

Un manifestante de 16 años que estaba hospitalizado desde el lunes murió este jueves en Juliaca. Su deceso elevó a 19 la cifra de fallecidos en esa ciudad.

Además de la renuncia de Boluarte y anticipar los comicios, las protestas reclaman el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Carta Magna de 1993, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori, que establece la economía de mercado como eje del desarrollo socioeconómico

"Asonada contra Lima"

La movilización en la capital es parte de una "asonada que quieren hacer contra Lima en los próximos días, como lo han anunciado probablemente el 14", había dicho el lunes el jefe de gabinete, Alberto Otárola.

Según el alto funcionario, las protestas "se están financiando con dinero oscuro del narcotráfico", proveniente supuestamente de los valles cocaleros del sur andino.

Otárola, que obtuvo el martes un voto de confianza para su investidura en el Congreso dominado por la derecha, graficó entonces una virtual situación de guerra señalando que las fuerzas del orden defenderán Lima.

El funcionario responsabiliza al detenido expresidente Pedro Castillo de ser "quien azuza a la gente y coordina estas movilizaciones para buscar impunidad".

El izquierdista Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.

Cusco, turismo y protestas 

En Cusco, una de las mecas del turismo mundial por la ciudadela Machu Picchu, el hotel Marriot fue atacado a pedradas por vándalos durante una marcha por las calles de esa ciudad la noche del miércoles, con manifestantes enardecidos tras la muerte de un dirigente campesino durante un enfrentamiento con la policía.

La Defensoría del Pueblo reportó más de 50 heridos, 19 policías entre ellos.

También en Cusco los pobladores quemaron una caseta del terminal de transporte terrestre regional, atacaron locales comerciales y colocaron piedras en la línea férrea. Según la policía, se detuvo a 11 personas, entre ellas una ciudadana de nacionalidad colombiana.

Las violentas protestas iniciadas hace un mes dejan hasta el momento 42 muertos, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la institución.

En Ayacucho, hubo una vigilia la noche del miércoles por las víctimas de las protestas con ataúdes de cartón vacíos y de color negro.

A raíz de esta crisis, Chile recomendó a sus ciudadanos "en lo posible posponer su viaje hasta que la situación se normalice por las protestas en varias regiones" de Perú.

El saldo trágico provocó un llamado de Estados Unidos a la "moderación" a todas las partes, mientras una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Perú para evaluar la situación de derechos humanos.

El sistema de Naciones Unidas instó al gobierno a respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas ante el aumento de muertes, la mayoría por disparos de arma de fuego.

La exhortación está dirigida también a las diversas organizaciones detrás de las protestas, a las que pidieron "abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada".

Las pérdidas económicas por la crisis superan los 300 millones de soles en lo que va del año (unos 78.9 millones de dólares), con un impacto focalizado "muy negativo" en las zonas convulsionadas, según el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.