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Nueva demanda contra Arizona por migrantes
Esta semana inició otro juicio legal contra las prácticas migratorias de las autoridades de Arizona, afirmando que una red de universidades comunitarias actuó ilegalmente al exigir a solicitantes de trabajo sus tarjetas verdes (prueba de residencia legal) para poder ser contratados.
Phoenix. El Departamento de Justicia no quita el dedo del renglón. Esta semana inició otro juicio legal contra las prácticas migratorias de las autoridades de Arizona, afirmando que una red de universidades comunitarias actuó ilegalmente al exigir a solicitantes de trabajo sus tarjetas verdes (prueba de residencia legal) para poder ser contratados.
La demanda contra Maricopa Community Colleges, de la zona metropolitana de Phoenix, fue entablada menos de dos meses después de que el propio Departamento de Justicia interpusiera una demanda contra el estado y la gobernadora Jan Brewer, por su nueva ley migratoria. Se suscita cuando la dependencia está investigando a Joe Arpaio, el alguacil del condado de Maricopa, famoso por su severa aplicación de las leyes migratorias.
En su demanda de esta semana, funcionarios de la dependencia afirman que las universidades discriminaron a cerca de 250 solicitantes de empleo, al exigir que llenaran más documentación de la que requiere la ley para probar su capacidad para cada puesto. Fue una violación directa del Código Federal sobre Inmigración y Nacionalidad, dijo la dependencia.
En su parte antidiscriminatoria, el código establece: Es ilegal dar un trato distinto a trabajadores autorizados durante el proceso de contratación, con base en su condición de ciudadanía , dijo Thomas E. Perez, subprocurador general a cargo de la División de Derechos Civiles. Dijo que el gobierno decidió actuar para remediar este patrón o práctica de discriminación .
Tom Gariepy, vocero de la red de escuelas que opera en la zona de Phoenix, declinó hacer algún comentario sobre la demanda.
Aunque Justicia reconoce en la demanda que la operadora escolar puso fin a la práctica discriminatoria en enero pasado, está pidiendo una compensación de 1,100 dólares para cada uno de los 247 solicitantes que fueron rechazados.
Para muchos observadores, la nueva demanda es un ejemplo de la celeridad con la que la División de Derechos Civiles está actuando, luego del éxodo de fiscales al final del gobierno de George Bush, hijo.
