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Promulga Carolina del Sur dura ley antiinmigrante
La gobernadora Nikki Haley promulgó la ley, que autoriza la creación de una unidad especializada en el combate de la inmigración ilegal.
Dallas.- La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, promulgó hoy una estricta ley antiinmigrante, la primera en una entidad de Estados Unidos que autoriza la creación de una unidad policial especializada en combatir la inmigración ilegal.
Durante una ceremonia pública especial realizada en el edificio estatal de gobierno en la comunidad de Columbia, Haley firmó la ley, que autoriza a los agentes de la policía a indagar el estatus migratorio de las personas sospechosas de ser indocumentadas.
El estatuto convierte a Carolina del Sur en la sexta entidad estadounidense que emite una ley destinada a desalentar la inmigración ilegal con medidas policiales.
La norma fue promulgada el mismo día en que un juez federal ordenó a Georgia suspender una legislación similar, que entraría en vigor el próximo viernes.
Ninguna de las legislaciones aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia para facultar a las policías a exigir documentos migratorios ha podido entrar en vigor hasta ahora, por decisiones de cortes federales, en tanto se analiza la constitucionalidad de las mismas.
La diferencia principal de la ley promulgada por la gobernadora Haley es la creación de una Unidad de Aplicación de la Ley contra la Inmigración Ilegal.
La ley autoriza un presupuesto de 1.3 millones de dólares para crear esta unidad, que formará parte del Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Sur, y que en un inicio estará integrado por 12 agentes que contarán con sus propios uniformes y patrullas.
Los agentes se especializarán en realizar investigaciones y redadas para frenar la inmigración ilegal, y mantendrán lazos entre las autoridades estatales y el estado con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) del gobierno federal.
La ley está programada a entrar en vigor el 1 de enero de 2012, aunque al igual que en las demás entidades que han aprobado este tipo de legislaciones, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de derechos humanos han advertido que interpondrán demandas para frenar el estatuto.
Se estima que unos 100,000 inmigrantes indocumentados residen en Carolina del Sur, una buena parte de los cuales labora en procesadoras y enlazadoras de alimentos marinos.
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