Protesta contra ley minera deja 6 policías heridos en Ecuador

Al menos seis policías resultaron heridos y una decena de campesinos fue detenido hoy durante la protesta convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) contra una ley de minería impulsada por el Gobierno.

El ministro ecuatoriano de Gobierno (Interior), Fernando Bustamante, que dio a conocer las cifras de heridos y detenidos, calificó de "débil" la respuesta de los indígenas a la convocatoria de movilización y aseguró que los bloqueos de las carreteras no existieron en "un 80 ó 90%" del país.

Sin embargo, el líder de la Conaie, Marlon Santi, declaró a Efe que aún se encuentran en algunas vías "miles de campesinos" y que el "Gobierno está tratando de desinformar" sobre el alcance de la movilización.

Pese a algunos enfrentamientos con la Policía, el ministro reconoció que las movilizaciones se han desarrollado en general de forma "pacífica" y, a su juicio, "han demostrado un cierto grado de ponderación y altura para ser políticas".

Bustamente señaló que los manifestantes detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que se encargará de las investigaciones correspondientes.

Justificó que en algunos lugares la Policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para despejar las calles que habían sido tomadas por los campesinos.

Las protestas, que comenzaron en la madrugada de hoy con la concentración de indígenas y campesinos, incluyeron cierres de carreteras, sobre todo en las provincias andinas de Imbabura, Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Azuay y a las amazónicas de Morona Santiago y Pastaza.

La carretera Panamericana, que une de sur a norte la región andina del país, fue bloqueada en varios sitios durante la mañana de este martes, lo que afectó el tráfico, especialmente el transporte de pasajeros y carga.

La Policía envió a miles de sus miembros a despejar las vías y dispersar a los manifestantes e impedir su llegada a centros urbanos y, en particular, a la capital.

A la marcha convocada en la capital, Quito, no asistieron tantos manifestantes como se esperaba, debido, según fuentes de los movimientos indígenas, a que la Policía impidió la entrada a la ciudad de varios autobuses con delegaciones provenientes de otras provincias.

Pese a la escasa afluencia de activistas, los indígenas se concentraron en el parque de El Arbolito en Quito, lugar simbólico de las manifestaciones en la capital y después marcharon hasta el edificio de la Asamblea Nacional.

En las provincias de Imbabura y Pichincha (norte) se registraron movilizaciones con mayor participación, mientras en Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Azuay las protestas tuvieron una asistencia menor.

Además, hubo marchas pacíficas en Morona Santiago y Pastaza.

Santi indicó, por su parte, que la jornada de protesta tenía carácter preventivo y pacífico, y no descartó que se extienda por varios días, aunque admitió que "depende de las comunidades" indígenas de cada provincia.

Explicó, igualmente, que los dirigentes de la Conaie no han podido mantener conversaciones con las autoridades del Legislativo ni del Ejecutivo a las que pretendían entregar hoy sus propuestas, aunque sí han podido entrevistarse con los gobernadores de varias provincias.

La Conaie rechaza la aprobación de la Ley de Minería, por considerar que favorece a las trasnacionales y perjudica al medio ambiente y a las comunidades cercanas a las zonas donde se ejecutarían varios proyectos de extracción.

La Ley de Minería fue aprobaba por el Legislativo hace dos semanas y remitida al Ejecutivo.

El presidente Rafael Correa firmó en la víspera la ley minera con "un pequeño veto" en su redacción original, por lo que deberá regresar al Legislativo para ser finalmente aprobada esta semana.

Además, el movimiento indígena exige que se incluyan sus propuestas en unas nuevas leyes de Agua y de Soberanía Alimentaria, que estudia la Comisión Legislativa, y que tienen relación con la minera, en cuanto al uso y preservación de las fuentes hidrológicas.

Por su parte, el Gobierno ha aceptado el derecho de los indígenas a protestar, pero ha asegurado que la Constitución también prohíbe la suspensión de servicios públicos, sobre todo, el cierre de carreteras.

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