Altan Redes: volar con alas prestadas

Esforzado proyecto. En 2017 inició operaciones la red compartida, asociación público-privada en la que el gobierno federal aporta espectro y la empresa privada Altan Redes construye una red para proveer su capacidad como servicio mayorista a operadores que brinden a usuarios finales telefonía e internet. El decurso de la red compartida ha sido azaroso: un plan de negocios que tardó en despegar; magros números de usuarios en los primeros años; incumplimiento de cobertura final en el plazo fijado en la licitación y una insolvencia creciente que la llevó a concurso mercantil y reestructura de deuda por alrededor de 30,000 millones de pesos, divididos casi por mitad entre acreedores privados y banca mexicana de desarrollo.

Captura recíproca. En el presente sexenio, la red compartida de Altan Redes se ha asociado estrechamente a la oferta de campaña “Internet para Todos” y a políticas públicas del gobierno federal. Ha sido una relación de mutua conveniencia. Nadie como Altan para llevar servicio a zonas sin atractivo comercial para los demás operadores. Y nadie como el gobierno federal para sufragar el despliegue en esas zonas en las que nadie quiere invertir recursos propios, ni siquiera la propia Altan que, en esta suerte de simbiosis (y cierta confusión), se ha apalancado fuertemente con préstamos de la banca de desarrollo por casi 15,000 millones de pesos, hacia el momento del concurso mercantil, además de al menos otros 200 millones de dólares en créditos otorgados desde entonces y, asimismo, inversión pública de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TIT) destinada a hacer crecer la cobertura de Altan.

Desviación. La captura política de Altan desde el programa “Internet para Todos” y la masiva captura financiera de recursos públicos por Altan, sea por los préstamos de la banca de desarrollo o la inversión de CFE TIT en zonas no rentables, evitándole el gasto consecuente a Altan que, no olvidemos, es una empresa privada, implican, en mi concepto, una importante desviación del proyecto original de red compartida plasmado en la Constitución.

Esto porque el planteamiento original era una asociación público-privada en el que el Estado Mexicano aportaba los 90 megahercios disponibles en la valiosísima banda de 700 MHz., por los que Altan no hizo pago inicial, como hubiera sido tratándose de cualquier otra banda, sino que se obligó a desplegar una red que cubriera poco más del 92.2% de la población para 2024 (lo que no se cumplirá).

Tampoco paga Altan los derechos anuales que corresponderían normalmente sobre ese espectro, sino que únicamente eroga el 10%, aproximadamente 450 millones de pesos anuales. Esta subvaluación (subsidio) al precio del espectro se justificaba porque realizaría una cobertura social, llevaría cobertura a donde los operadores comerciales no quieren llegar, además de no poder prestar servicios a usuarios finales.

Considero que Altan Redes ha venido disponiendo de recursos públicos, en la forma préstamos, inversión de CFE TIT y espectro subsidiado, en una medida más alta de lo que asumía y suponía el proyecto original, que apuntaba a una superior inversión privada para desarrollarlo.

¿Tendría la empresa privada Altan Redes este acceso al bolsillo hondo del gobierno sin la imbricación con la promesa de internet para todos los mexicanos? ¿La banca de desarrollo habría entregado a Altan las ingentes cantidades conocidas, a pesar de sus pobres finanzas, sin el impulso del gobierno federal? ¿La banca de desarrollo habría (ha) dado créditos semejantes a cualesquiera otros particulares en condiciones financieras comprometidas análogas a las padecidas por Altan?

También debe concitar reflexión retroactiva sobre las condiciones de la licitación, pues es muy probable que si otro u otros concursantes hubiesen sabido que contarían con estos créditos y apoyos, sin duda habrían presentado ofertas más atractivas.

¿Son todo lo anterior política pública y finanzas públicas sanas? Difícilmente.

Beneficios. Sería útil ponderar el desempeño de Altan Redes al presente. En materia de cobertura, de acuerdo con información pública, Altan radia al 80% de la población (la cobertura total acumulada de las demás redes es superior al 95%). Hay evidentemente un componente de valor social agregado cuando se lleva servicio a poblaciones pequeñas, frecuentemente no atendidas por otros operadores al no resultar rentables (cobertura social).

Así, Altan Redes ha contribuido significativamente a llevar conectividad. Por ejemplo, Promtel informa que Altan cubre casi 100,000 localidades de menos de 250 habitantes. Impresionante hito que, opino, no es suficientemente resaltado. Éste era el cometido central de la red compartida, cuya relevancia para el desarrollo humano no cabe analizar bajo consideraciones puramente económicas.

Sin embargo, de los cerca de 90 millones de mexicanos a los que llega Altan, las personas que hoy son cubiertas exclusivamente por su red serían una minoría: entre 1.5 y 2 millones (estimación propia a partir de análisis del IFT de 2021), lo que de cualquier manera es un logro capital sobre el que Altan y Promtel deberían llamar más la atención. El resto, inmensa mayoría, es atendido también por las de Telcel, ATT o Telefónica que, de hecho, tienen una mayor cobertura poblacional que la de Altan.

En materia de inclusión y competencia, Altan Redes las impulsa en zonas servidas por otros operadores (cerca del 90% de los clientes de operadores asociados a Altan estarían en estas áreas urbanas y sub urbanas) que gracias a ofertas más accesibles contratarían el servicio móvil del que antes carecían. Sobre esto no hay información, aunque estimo un impacto marginal.

De la misma manera, Altan beneficia a quienes ya tenían servicio con otro operador, pero que cambian a uno asociado a Altan por las ventajas que les supone. De hecho, en 2023 los nuevos usuarios de los operadores de Altan superaron en número a cualquiera de los de los tres mayores. Anticlimáticamente, esta presión competitiva afecta más a los medianos ATT y Telefónica que al gigante Telcel.

Aquí, sin embargo, hay un tema económico de piso parejo y neutralidad a la competencia, en cuanto tales beneficios puedan resultar no de una mayor eficiencia de los operadores virtuales asociados a Altan y de la propia Altan frente a Telcel, ATT o Telefónica, sino de los subsidios y apoyos de que goza la operación de Altan Redes, como se verá a continuación.

Costos. De varios factores, referiré aquí tres. Primero, los 4,000 millones de pesos (90% del valor real de la banda) que deja de pagar Altan por derechos anuales por el uso de 90 megahercios en la banda de 700 MHz., suman 32,000 millones de pesos entre 2017 y 2024.

Segundo, los créditos de la banca de desarrollo por alrededor de 15,000 millones de pesos antes del concurso mercantil y reestructuración, y al menos 200 millones de dólares más posteriormente, lo que rondaría los 20,000 millones de pesos.

Tercero, el gasto evitado por Altan merced a la inversión de CFE TIT para tender en zonas no rentables una red destinada específicamente a ser utilizada por Altan. De esto último no hay información detallada disponible.

No obstante, apunto un par de datos: hacia mediados de 2022 CFE TIT anunció proyectos de inversión por casi 800 millones de dólares; además, también en 2022, el Director General de Altan, Carlos Lerma, dijo en entrevista con El Economista (08/11/22) que CFE TIT invertiría 20,000 millones de pesos en 5,113 nuevos sitios, lo que permitiría a Altan incrementar su cobertura del 72% al 84.5% de la población y que esa infraestructura pagada por CFE TIT la subirían a los sistemas de Altan.

Viabilidad presente y futura. En años recientes la base de usuarios de operadores asociados a Altan ha crecido significativamente, alcanzando cerca de 11 millones, según manifestación de la propia empresa. Esto, en gran medida, por asociados con amplia presencia y puntos de venta, como Bait de Walmart, cuya notable cartera de más de 5 millones de clientes se concentra, obviamente, en zonas urbanas, no rurales ni de cobertura social.

Los Datos Oportunos del sector publicados por IFT indican que en los doce meses, del 4T 2022 al 3T 2023, Altan tuvo ingresos por 5,560 millones de pesos.

No parece haber estados financieros publicados por Altan, ni información pública sobre su utilidad neta. Sin embargo, es notoria su estrechez financiera que la llevó a insolvencia y concurso mercantil en el pasado reciente, a más de no haber contado con recursos para cumplir la meta de cobertura pactada en la licitación de la red compartida.

La deuda, superior a 30,000 millones de pesos, fue reestructurada casi en su totalidad sin quita (descuento). En el caso de la banca de desarrollo, presumiblemente para evitar una mayor crítica al rescate de una empresa privada utilizando recursos públicos. Los acreedores recibirán intereses conforme a las tasas TIIE, LIBOR/SOFR, que pueden incrementarse en determinadas circunstancias, según la sentencia del concurso mercantil 8/2022-II (disponible en internet). Las tasas TIIE-28 y SOFR (que sustituye la LIBOR) son actualmente de alrededor de 11.50% y 5.3% (anuales) respectivamente, por lo que el pago de intereses de Altan Redes representaría (conservadoramente) más de 2,000 millones de pesos anualmente. El principal, se lee en la sentencia, terminará de ser liquidado en el año 2056, lejanas prórrogas de por medio.

Acertadamente, Altan desea adquirir más espectro para prestar servicios de avanzada (5G) y contender con la creciente demanda de datos, particularmente en zonas urbanas donde se ubica la gran mayoría de sus usuarios. La Empresa ha manifestado interés en 40 MHz. disponibles en la banda de 2.5 GHz. Estos 40 MHz., de tipo TDD, son de inferiores prestaciones a los FDD que ahí tienen Telcel y ATT, después de la permuta que la última obtuvo en meses recientes.

Es relevante lo que supondrían los pagos por la banda 2.5 GHz. para las finanzas de Altan Redes, dado su nivel de ingresos y su hasta el momento insuficiente capacidad financiera. Al tomar como referente lo que pagan otros operadores por el espectro en esa banda, se tendría que Altan erogaría casi 900 millones de pesos anuales por derechos fiscales y, previamente, un desembolso de entre 1,500 y 2,000 millones de pesos como pago inicial en la licitación (pudiera ser considerablemente menor si así lo decide el IFT) habida cuenta de que el espectro en la banda de 2.5 GHz. no tiene un régimen jurídico especial, como sí existe para la banda de 700 MHz., por lo que aquélla, al ser para uso comercial, tendría que licitarse en concurso abierto a todos los interesados, en el que Altan competiría al lado de otros posibles postores. Ahora bien, una posible (y polémica) licitación para servicios sólo mayoristas podría reducir sustancialmente el pago inicial, dada tal restricción, aunque tendría que preverse también en la Ley Federal de Derechos.

Esto es, el pago por la banda 700 MHz., ya utilizada. y el de la 2.5 GHz. que adquiriría, llevarían a Altan a erogar anualmente alrededor de 1,300 millones de pesos: casi el 25% de sus ingresos en los doce meses arriba indicados. Este porcentaje por costo del espectro sería (es de hecho) inadmisible para cualquier otro operador, incluso si puede prestar servicios a usuarios finales, pues duplicaría o triplicaría porcentualmente lo que ahora pagan ATT y Telcel, respectivamente. A lo anterior sumemos que en el corto plazo deberá empezar a pagar el principal de la deuda y no sólo sus intereses. Empero, la perspectiva puede ser distinta cuando se tiene confianza en apoyos financieros y políticos amplia y fácilmente obtenibles.

Una peculiar derivada es que el interés de Altan por adquirir espectro pudiera motivar y lograr, ¡al fin!, la muy necesaria baja de su costo en la Ley Federal de Derechos, al ser el propósito de Altan ampliamente compartido por el gobierno federal presente y el que probablemente lo suceda.

Conclusión. El objetivo de desarrollo humano de una amplia disponibilidad de internet en todo México, proyecto de asociación pública-privada acotado en su origen al uso de una banda subvencionada, tras adquirir un cariz de promesa y meta política ha ido mutando regresivamente, al grado que los apoyos con recursos públicos parecen alejarse de un manejo sano y, además, pudieran generar distorsiones en los mercados, al favorecer la operación de la que, no olvidemos, es todavía una empresa privada entre cuyos poderosos dueños se encuentran una filial del Fondo North Haven, asociado a Morgan Stanley, el Fondo China México o Megacable.

En realidad, habida cuenta de los descalabros financieros e incumplimientos de Altan Redes, es patente que el despliegue de la red compartida descansa cada vez más, no en los pudientes socios de Altan, como debería ser, sino en masivos recursos públicos (y de confiados proveedores), con los que igualmente se la rescató de una inminente quiebra, llevando a que Altan opere ahora como un ente cuasi público, (aunque formal y legalmente siga siendo una empresa privada), disponiendo de generosos recursos de la banca de desarrollo y de CFE TIT.

La mezcla de lo público y lo privado puede llevar a una deriva donde el interés público y los recursos del Estado sean no sólo para apoyar emprendimientos de particulares, sino para servirlos y subordinarse a ellos. El caso Altan no se ubica realmente ahí, ya que satisface indudablemente objetivos sociales, pero no está demasiado lejos.

Aunque la puesta a disposición de los recursos públicos para favorecer empresas privadas es uno de los signos más deplorables del llamado neoliberalismo, sería difícil encuadrar en este término a un gobierno de izquierda. En análisis final, Altan Redes se aparta paulatinamente de un modelo sano de asociación público-privada para, en cambio, semejar crecientemente el “capitalismo de cuates o clientelar” (crony capitalism), estigma de los países en desarrollo y causa de su pertinaz atraso. Distorsionado esquema de seudo mercado en el que el “empresario” (así cualquiera puede serlo) no asume cabalmente el costo y riesgo de su negocio.

*Adolfo Cuevas Teja es excomisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.