Desdeña AMLO inversiones privadas

El gobierno de la cuarta transformación ya dejó claro que está en contra de la iniciativa privada.

En los 15 meses de ejercicio, el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo ha repetido lo que decía en sus discursos de campaña, lo está cumpliendo.

En casi año y medio de gobierno ha denostado a los empresarios de México.

Incluso les ha aplicado actos confiscatorios.

Su animadversión en contra de los hombres de negocios ha sido una constante en sus declaraciones y acciones.

Y es mucho más evidente en el sector energético.

Ha dejado claro que su intención es fortalecer a dos monopolios del Estado: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

En el sector de la energía ha descalificado y desdeñado a la inversión privada; le apuesta a un modelo de “soberanía energética”, al que canaliza multimillonarios recursos.

En año y medio ha dejado ver que no le gustan las inversiones privadas, ni nacionales ni extranjeras.

Antes de que tomara el poder, el actual presidente de México pidió que se suspendiera la realización de las rondas petroleras.

De acuerdo con cálculos de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), el costo para el Estado mexicano de cancelar las subastas petroleras rondaría los 169,000 millones de dólares.

A la fecha, las rondas petroleras siguen suspendidas.

Adicionalmente, el Jefe del Ejecutivo, decidió cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por el que todos los mexicanos, tendremos que pagar entre 120,000 y 250,000 millones de pesos, dependiendo los costos que se incluyan. Luego comenzó a desacreditar y cooptar a los órganos reguladores del sector energético y descabezó a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Casi de inmediato ordenó la suspensión de las subastas de largo plazo en el sector eléctrico, con las que los inversionistas privados competían para generar energía eléctrica al menor costo.

En días pasados, decidió, mediante un acuerdo administrativo, suspender la autorización de nuevos proyectos de energías limpias.

En ese mercado, en el que se han invertido alrededor de 20,000 millones de dólares, los potenciales afectados, se quedarán, con inversiones en marcha o programadas por 6,000 millones de dólares.

Por supuesto la reacción ha sido una lluvia de amparos por parte de los empresarios afectados.

La idea gubernamental es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que le apuesta a energía que utiliza combustóleo, es decir, insumos contaminantes.

Es una más de las decisiones que refrendan la intención gubernamental: aplicar una contrareforma energética; cerrar o limitar al mínimo las inversiones privadas.

El presidente de la República no ha mentido. En sus discursos como candidato siempre dijo que haría lo que hoy está haciendo.

El proyecto de soberanía energética busca eliminar por la vía administrativa la reforma constitucional que permitió la apertura al sector privado.

Esto está a punto de abrir un canal de disputa de los gobiernos de EU, Canadá y la Unión Europea contra el mexicano.

El presidente defendió ayer el acuerdo y advirtió que quienes se oponen deberían de disculparse. O sea que no habrá marcha atrás.

El poder judicial tiene en sus manos una papa caliente y su resolución será definitoria de su independencia respecto del poder Ejecutivo.

Por otra parte, representantes del partido político en el poder, Morena, ha  propuesto iniciativas, que van en el mismo sentido que ha marcado el primer mandatario: en contra de la inversión privada.

Afortunadamente, hasta ahora no han prosperado, pero se han pronunciado a favor de la estatización de las Afores, de la regulación por decreto de las comisiones bancarias y ahora propone que se fiscalice a los ricos de México y se les aplique “progresividad fiscal”.

Todo indica que en la Cuarta Transformación no hay lugar para la libre empresa.