El control y el combate a la corrupción

La candidata Claudia Sheinbaum presentó su propuesta de buen gobierno y combate a la corrupción. La iniciativa la presentó Javier Corral, quien, me consta, desarrolló una carrera legislativa en la que siempre impulsó la legislación en favor de la rendición de cuentas. La propuesta definitivamente es una contribución a un debate, el de control y función pública, que se estancó en los últimos años. El Sistema Nacional de Anticorrupción, aprobado hace unos años, no sabemos si funciona, porque en realidad nunca se ha implementado, el gobierno anterior pospuso su operación y el actual nunca ha estado de acuerdo con su diseño. El gobierno actual enfocó su política anticorrupción en el cambio de prácticas y en el relevo de equipos enquistados en las áreas administrativas de las agencias públicas. En muchos casos se tuvo éxito, pero definitivamente se requiere de un esquema institucional que haga el combate a la corrupción permanente e institucional.

La propuesta de Sheinbaum y Corral implica separar las actividades de control interno, normatividad, buen gobierno y profesionalización, que quedarían en la Secretaría de la Función Pública, de las de propiamente combate a la corrupción, tarea que correspondería una fiscalía. Con este planteamiento, las acciones anticorrupción no surgirían solamente como resultado de los hallazgos de las auditorias, sin también del uso de inteligencia, registros financieros, denuncias ciudadanas y la investigación de la evolución del patrimonio de los funcionarios. Además de los funcionarios, las investigaciones se extenderían a proveedores y contratistas y se presentaría una propuesta legislativa para tipificar mejor ese tipo de delitos. La propuesta considera poner en operación prácticas recomendadas para evitar la corrupción y garantizar el gobierno eficaz como la profesionalización de servidoras y servidores públicos, digitalizar los trámites, privilegiar las licitaciones públicas y un sistema coordinado de fiscalización.

La propuesta contempla acciones como la detección de empresas fantasma y revisar el sistema de fe pública y la labor de los notarios. De lo que falta, me parece, es el fortalecer a los órganos superiores de fiscalización, el federal y los de las entidades, para garantizar su capacidad e independencia. Falta también retomar y redefinir los mecanismos para la evaluación de las políticas públicas, con la finalidad de mejorar su operación y diseño. Se trata de un planteamiento claro, que responde a la necesidad de superar el actual sistema de control, que privilegia la revisión del cumplimiento de la norma, a otro que tenga resultados en prevenir, detectar y efectivamente sancionar actos graves de corrupción y daños al patrimonio público. También establecer las condiciones para que las políticas públicas sean desarrolladas por profesionales, con transparencia y elementos adecuados de control. Seguramente se presentarán otras propuestas, pero está es puntual y pertinente, algo que luego es raro en las campañas políticas.

X: @vidallerenas