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El costo de la extinción del IFT
De acuerdo con el boletín número 6993 publicado por la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales discutirá el próximo 15 de agosto la iniciativa de reforma constitucional, propuesta por el Presidente de la República, para extinguir diversos órganos constitucionales autónomos (OCA), incluyendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Si bien es cierto que en el dictamen de reforma se listaron una serie de supuestos motivos para extinguir a los OCA, la realidad es que la superficialidad, incoherencia y visceralidad con la que estos se expusieron en la iniciativa; así como el ataque simultáneo y generalizado a varios OCA, que comenzó desde hace varios años, exhiben que el objetivo real de la reforma es la eliminación de contrapesos al poder ejecutivo, en manos de Morena.
Desde luego, la iniciativa representa un serio peligro para la división de poderes, que ya ha sido advertido y revisado por diversos estudiosos del tema. No obstante, sin un ánimo de minimizar este riesgo, es importante visibilizar también las implicaciones que la reforma tendría de manera concreta para el sector de las telecomunicaciones.
Para empezar, llama la atención el propio título que se ha dado al dictamen de reforma, supuestamente para lograr una “simplificación orgánica” o simplificación administrativa. Desde la privatización de Telmex en 1990, el sector de las telecomunicaciones en México ha sido todo menos simple. Basta con preguntar a quienes se han atrevido a competir con Telmex o con América Móvil si les ha parecido “simple” la entrada o la supervivencia en los mercados de dicho sector, para corroborar su complejidad, por la excesiva concentración en manos del agente económico preponderante.
Fue precisamente por este motivo que se creó el IFT, que requirió de un diseño institucional complejo y reforzado, que le permitiera escapar de la captura regulatoria con la que Telmex y su grupo de interés, habían logrado acumular poder de mercado por décadas. Un sector tan complejo y concentrado como el de las telecomunicaciones en México, con un agente preponderante como América Móvil, no puede regularse de manera “simplificada”, como se propone en el dictamen. La propia experiencia nos ha demostrado lo contrario.
Pues bien, por lo que se refiere al IFT, el dictamen de reforma prevé que será una dependencia del Ejecutivo Federal la que se encargue de manera exclusiva de la regulación del sector de telecomunicaciones. Los actos, normas y resoluciones que emita esta dependencia solamente podrán impugnarse mediante amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, salvo contadas excepciones. Por otra parte, en el dictamen también se eliminaron prácticamente todas las provisiones que se habían incorporado en 2013 para garantizar la autonomía e imparcialidad del IFT, tales como la toma de resoluciones de manera colegiada, la publicidad de las sesiones, y los requisitos y procedimientos para evaluar la capacidad de los comisionados y evitar conflictos de intereses.
Así, el dictamen retomó convenientemente las facultades reforzadas del IFT para trasladarlas ahora al Poder Ejecutivo; pero eliminó los candados que se habían establecido con el fin de garantizar su imparcialidad. Por ello, de aprobarse el dictamen en los términos actuales, nos encontraremos con un peligroso escenario en el que unos cuantos funcionarios, sin una revisión previa y confiable de sus antecedentes, capacidades técnicas y conflictos de intereses, podrán imponer normas y resoluciones a los particulares, cuyos recursos de defensa serán sumamente limitados.
Es cierto que el IFT no había alcanzado a cumplir íntegramente sus mandatos constitucionales, sin embargo el costo de esta reforma con objetivos meramente políticos sería muy elevado para la industria y para los usuarios.
