Estado de derecho 2024: la elección

Una de las condiciones esenciales para que un país logre insertarse en un proceso sostenido de desarrollo económico que se traduzca en mayores niveles de bienestar individual, familiar y social es la existencia de un íntegro Estado de derecho. Son varios los elementos que lo componen.

Primero, es indispensable que en el marco legal estén eficientemente definidos los derechos privados de propiedad que incluyen tres dimensiones: el derecho a la posesión de bienes y recursos como una extensión natural del derecho a la vida, el derecho a la libre utilización de estos sujeto a que en su uso no se atente en contra de los derechos de terceros y, finalmente, el derecho a la libre transferencia de los derechos de propiedad mediante operaciones de compra - venta en mercados en los que rija la competencia y libres de cualquier interferencia gubernamental; en la sociedad debe prevalecer la libertad de contrato y nadie puede ser obligado a involucrarse en una transacción en contra de su voluntad.

Segundo, los derechos de propiedad en sus tres dimensiones deben estar plenamente garantizados y protegidos por un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito. Además de proteger los derechos de propiedad, es papel del poder judicial garantizar el cumplimiento de los contratos entre particulares así como los contratos que se realicen entre los particulares y el gobierno; esta garantía es indispensable dado el poder asimétrico a favor del gobierno en la resolución de las controversias que pudiesen surgir por el incumplimiento del contrato.

Tercero, en un íntegro Estado de Derecho, la principal función del gobierno es garantizar y proteger a los individuos y a su propiedad y no puede interferir en la esfera privada si no es para hacer cumplir el marco legal vigente, incluyendo la persecución y penalización de aquellos actos que violenten los derechos de propiedad de terceros. Es esta función la que justifica que los individuos se organicen en sociedad y estén dispuestos a pagar impuestos.

Además el gobierno, a través de su rama legislativa debe proveer a la sociedad de un marco legal que establezca las reglas de las cuales deriven los incentivos alineados con el objetivo de lograr una asignación intertemporal eficiente de recursos es decir, aquellas reglas que incentiven la inversión en capital físico y humano y el cambio tecnológico, las dos fuentes de crecimiento económico sostenido. Estas reglas establecidas en el marco legal, así como su reglamentación correspondiente por parte del poder ejecutivo deben ser transparentes y no estar sujetas a la interpretación discrecional de quienes las aplican ni tampoco estar sujetas a cambios discrecionales; tiene que haber, en otras palabras, plena certeza jurídica.

Adicionalmente a lo anterior, el gobierno en las reglas que promulgue debe procurar que todos los mercados, tanto bienes, como servicios y factores de la producción operen en un contexto de competencia lo que garantiza, cómo se mencionó arriba, el intercambio voluntario; es función del gobierno prohibir las prácticas monopólicas y perseguir y penar aquellas que de todas maneras pudiesen ocurrir. La prohibición de monopolios incluye tanto a los agentes privados como al gobierno; no existe ninguna justificación para que el gobierno produzca y provea bienes privados (los que cumplen con las condiciones de exclusión y rivalidad en el consumo, gasolina y electricidad incluidos) y menos aún que lo haga de manera monopólica.

Por otra parte, en un íntegro Estado de Derecho no es un objetivo válido lograr la igualdad de resultados ya que ello, además de que el gobierno interviene en decisiones que le competen únicamente a los agentes privados, castiga los incentivos a la mejora individual; buscar igualdad de resultados solo es compatible con la mediocridad y la miseria.

Lo que sí es función del gobierno es tratar de garantizar igualdad de oportunidades que la existencia de mercados en competencia y la provisión, directa o indirectamente, de dos bienes esenciales para la mejora individual y social: servicios de educación y salud de alta calidad. Aquí entra también la función subsidiaria del gobierno, la cual tiene que ser transitoria en dos escenarios: la coyuntural ante desastres naturales y la de mayor plazo en educación y salud como condición para lograr la igualdad de oportunidades.

La semana pasada, el 27 de septiembre, se cumplieron 202 años de aquel día en que el Ejército Trigarante con Agustín de Iturbide a la cabeza, entró la Cuidad de México finalizando con ello la guerra de independencia. Han pasado dos siglos desde que México es un país independiente y seguimos siendo una economía con relativamente bajos niveles de desarrollo, con un PIB por habitante ajustado por la paridad del poder de compra de apenas 10,000 dólares anuales (el de Estados Unidos es de 60,000 dólares y el de Canadá es de 45,000 dólares anuales), con casi la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza (10% en pobreza extrema) y con una notoria inequidad en oportunidades y por lo mismo en la distribución de la riqueza y del ingreso. Qué ha fallado: en México nunca ha existido un íntegro Estado de Derecho; hemos sido y somos un país de rentistas sin igualdad de oportunidades, un país en donde no hemos sido plenamente libres, política y económicamente.

En 2024 habrá la oportunidad de elegir entre un gobierno autoritario que siga minando el Estado de Derecho como ha sido el del presidente López o uno que valore la libertad y la mejora individual construyendo un verdadero Estado de Derecho. Usted decide.

Twitter: @econoclasta