Fugados y desaforados

Hasta que Dulce María Sauri Riancho comenzó a tomar la votación de los diputados federales que tuvieron problemas técnicos para usar el tablero electrónico parecía que el petista José de la Luz Sosa —representante del distrito I de Tlaxcala, con cabecera en Apizaco— sería el único que votaría contra el desafuero de Benjamín Saúl Huerta.

Durante 10 minutos quedó esa impresión, evidente porque era el único de los 450 participantes en la sesión del Jurado de Procedencia que votaría contra el dictamen presentado por Pablo Gómez Álvarez y —por ende— no atendería las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Superados los problemas técnicos sólo quedaron las sorpresivas abstenciones de Paola Tenorio Adame y Agustín García Rubio en el primero de los casos examinados durante el periodo extraordinario de sesiones. Y es que ni siquiera para hablar en contra del dictamen —como quedó registrado en el orden de oradores— el legislador poblano contó con comentarios a favor. “No debemos dejar de lado que desaforar a un legislador no significa declararlo como culpable”, matizó el panista Marcos Aguilar Vega.

Pavel Arenas Landgrave acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro, en representación del acusado de los delitos de agresión sexual y violación equiparada. En su argumentación, tras de que fueran formulados los cargos por la fiscal Laura Angélica Borbolla, apeló al principio de legalidad y a la presunción de inocencia.

“El derecho condiciona a la política y no debe ocurrir al revés. Los principios constitucionales deben prevalecer sobre las coyunturas políticas”, remarcó antes de que el dictamen fuera puesto a discusión y compareciera el presidente de la Sección Instructora.

La judicialización de la política también fue el argumento de la defensa de Mauricio Toledo, quien estuvo representado —vía Zoom— por Epigmenio Mendieta, quien acusó Gómez Álvarez de una vendetta contra el exdelegado en Coyoacán.

“Esto no es justicia, sino eliminar del mapa político a quien consideran culpable de sus fracasos”, dijo el abogado quien anteriormente estuvo a cargo de la defensa de la exsecretaria peñista, Rosario Robles. A la disputa por el poder político en esa demarcación —de acuerdo a esa versión— se sumarían actos fraudulentos en la integración de los expedientes en la Sección Instructora.

De esas maniobras también dio cuenta Benjamín Robles Montoya, a nombre de la bancada petista en la Cámara baja, para luego quejarse del “profundo desaseo” de la instancia encabezada por Gómez Álvarez y anunciar su retiro de la sesión.

Los imputados no se presentaron a la sede legislativa, por consejo de sus abogados. La Fiscalía tampoco podría actuar inmediatamente en su contra. Para localizar a Huerta —quien se encuentra no localizable desde hace tres meses— ya emitió una alerta migratoria. Y Toledo había solicitado —el pasado martes 10— licencia por tiempo indefinido.

“Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes (sic), me veo en la necesidad de tomar esta decisión”, sostuvo en el escrito que dirigió a la Comisión Permanente, pero que no entró a trámite.

El fiscal anticorrupción de la CDMX, Rafael Chong, informó que el legislador petista abandonó el territorio nacional desde hace 15 días. Los registros lo ubican en Chile, país original de sus padres, quienes hace 44 años llegaron a México como refugiados políticos. Ellos y su hermano también han sido sujetos de las indagatorias.

El desafuero de Toledo concitó un ríspido debate en el que intervinieron dos expresidentes de partido —Pablo Gómez y Alfonso Ramírez Cuéllar— y otros cuadros formados en el PRD capitalino, entre ellos Verónica Juárez Piña, Guadalupe Almaguer y Javier Hidalgo Ponce.

Las revanchas y antagonismos que fraccionaron a la izquierda partidista hace una década afloraron de nueva cuenta. Toledo enfrentará a la justicia por "un aumento notorio en el patrimonio del ex funcionario, tanto en inmuebles como en cuentas bancarias", de acuerdo a la Fiscalía. Además de sus ingresos como alcalde y asambleísta, cobró 3.4 millones de pesos a una consultoría identificada en actividades de lavado de dinero. La Consultoría Gestión Empresarial Lebrija nuevamente está en la mira de las autoridades fiscales y financieras.

Efectos secundarios

Saldos. El 9 de septiembre quedó programada la reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel, el mecanismo binacional que sesionará en la Ciudad de México después de cinco años de una oprobiosa interrupción. Y en el otoño —de acuerdo a lo acordado en Palacio Nacional por los representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos— ocurriría el encuentro entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes de la Cancillería refieren que los contactos con el secretario Mayorkas y el consejero Sullivan no tuvieron temas vedados. ¿Ni siquiera la demanda interpuesta por el canciller Ebrard contra los fabricantes de armas en Massachusetts? Tras de la proclama unilateral del titular de la SRE sobre la caducidad de la Iniciativa Mérida —dicen las fuentes— no hay suspicacias de sus contrapartes "quedó constancia de que hay una muy buena actitud para replantear la cooperación en materia de seguridad".