Impacto del financiamiento climático

Los acuerdos internacionales que impulsan el financiamiento climático señalan que este debe ser suficiente y de impacto en la atención de las causas (mitigación) y los efectos (adaptación) del cambio climático. 

En los últimos años, los fondos con objetivos climáticos destinados para los países en desarrollo han crecido, al pasar de 52.4 mil millones de dólares, en 2013, a 68.4 mil millones de dólares en 2020 (OCDE). México ha sido el segundo país receptor de financiamiento climático en América Latina, después de Brasil.

Desde 2013, México ha designado en promedio anualmente 2 mil millones de dólares mediante el anexo transversal 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación, e inició la emisión de bonos con los que se busca captar recursos para financiar programas y proyectos con objetivos sostenibles.

Ante el crecimiento en el mundo de los fondos para atender el cambio climático, las Entidades Fiscalizadoras Superiores han detectado deficiencias institucionales para medir su impacto.

La Entidad Fiscalizadora Superior de Estados Unidos ha observado que los países receptores no siempre cuentan con información para medir cómo se avanza en la atención del cambio climático. Por lo anterior, recomienda aumentar las auditorías a la contribución y a la planeación estratégica del financiamiento, y generar indicadores o criterios conceptualmente claros, con metodologías y estándares internacionales. 

En la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo recomienda que los recursos erogados con objetivos climáticos vayan acompañados de un plan global de inversiones que defina qué objetivos de sostenibilidad se deben cumplir y qué instrumentos utilizar y en qué medida, sin sobreestimar su impacto. Asimismo, ha reportado dificultades para medir la efectividad del financiamiento y ha detectado que no siempre se materializa en políticas más sustentables.

Desde 2017, México inició la “Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático para la formulación de políticas basadas en evidencia”, proyecto desarrollado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para evaluar el impacto de las acciones implementadas por los sectores público y privado.

Los resultados de la fiscalización que la ASF ha llevado a cabo, a través de auditorías de desempeño de la Cuenta Pública 2018, han detectado áreas de mejora para consolidar una estrategia transversal y un sistema integral para afrontar los efectos del cambio climático, y para conocer la contribución de las acciones emprendidas. En general, los esquemas de monitoreo carecen de indicadores de efectividad e impacto transversales, así como de sus correspondientes metas.

Los marcos de gestión de financiamiento público deben incorporar enfoque de resultados, supervisión parlamentaria y controles de gestión, transparencia e impacto, y monitoreo de la calidad del gasto y de las inversiones públicas. Esto garantizará que los ciudadanos obtengan una relación calidad-precio (value-for-money) en el uso del financiamiento climático.

La política de financiamiento climático tiene dos propósitos, por un lado, impulsar su suficiencia y, paralelamente, se deben crear capacidades institucionales para medir su contribución. La labor de las Entidades Fiscalizadoras Superiores es relevante para fortalecer las intervenciones públicas y privadas de manera efectiva.